La seguridad nacional en riesgo

Por Jesús Ortega Martínez 

Tenemos un problema enorme de seguridad pública y en el reconocimiento de esto no se puede perder de vista que está sucediendo permanente en nuestro país.

Cuando los hechos criminales en Iguala se quieren situar (por consideraciones políticas o electorales) como un evento aislado de otros que suceden a diario en el país, entonces se comete un grave error que tarde que temprano repercutirá en otros hechos violentos en cualquier otra región. Los asesinatos y desapariciones forzadas en Iguala han generado horror, indignación, rabia (todo plenamente justificable), pero, lamentablemente, este hecho es parte de la violencia cotidiana que se encuentra presente en gran parte de la República.

Cuando el Estado no tiene la capacidad de garantizar los derechos humanos fundamentales como el de la seguridad de las personas en su vida y patrimonio, cuando no puede lograr que sea la ley la que principalmente norme las relaciones en la sociedad, cuando la violencia ilegítima de la delincuencia organizada supera (o pone a su servicio) a la fuerza legítima del Estado, entonces, sin eufemismos, lo que existe es un grave problema de seguridad de la nación.

Tenemos un problema enorme de seguridad pública y en el reconocimiento de esto no se puede perder de vista que está sucediendo permanente en nuestro país. Hay ingobernabilidad, hay vulnerabilidad de la fuerza del Estado mexicano y, de plano, hay ausencia de un Estado de derecho.

Pero más aún, si ponemos atención a los objetivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y que son los de generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de derecho, entonces, desde la propia concepción oficial de lo que es la seguridad nacional, ésta se encuentra en severo riesgo.

Ante esta realidad se pueden adoptar diversos comportamientos, uno de estos es el de reconocer el riesgo en que se encuentra la nación; de señalar, incluso, su gravedad, pero sin aportar nada para remediarla. Estos son los del “acuso, luego existo”.

Otro comportamiento es negar el peligro en que se encuentra la seguridad nacional, soslayarlo, bajo la idea de que lo de Iguala “pasará” como antes “pasó” lo de San Fernando, lo de Morelia o lo de Ciudad Juárez. Los miles de desaparecidos durante éste y los anteriores sexenios. Éstos son los del “Si yo no lo veo, es que no existe”.

Y luego existen los que saben perfectamente que la seguridad nacional se encuentra en riesgo, pero lo que quieren es agravarla, agudizarla, profundizarla, pues parten de la idea de que la inseguridad pública y la inseguridad de la nación “crean condiciones revolucionarias, insurreccionales” para tomar el poder. Éstos son los de “cuanto peor, mejor”, o dicho de otra manera: “Destruyo, luego existo”.

Contra estos comportamientos debe actuar la izquierda democrática perredista y debemos hacerlo ya, asumiendo —no autoflagelándonos— la parte de responsabilidad política que tenemos en el caso de Iguala y la que debemos enfrentar —como fuerza política— en el asunto de la crisis del Estado y del riesgo de la seguridad nacional.

La manera posible de resolver estos grandes problemas del país es impulsando un acuerdo nacional (Estado y sociedad) para atacar a fondo las cinco causas principales de esta problemática, es decir: la metástasis de la corrupción, la opacidad en el conjunto de las acciones de la administración pública, la inoperancia del sistema de procuración e impartición de justicia, la degradación (pudrición) de la fuerza legítima del Estado y la estrategia prohibicionista (impuesta por el gobierno estadunidense) en el asunto del narcotráfico.

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¡Hay algo podrido en México!

Por Jesús Ortega Martínez

 

 

Nuestro país huele a sangre y este hedor se hace ya insoportable para la mayoría de las personas, aunque no para todas...

Shakespeare ponía en voz de Hamlet la siguiente expresión: “There is something rotten in Denmark” —“Hay algo podrido en Dinamarca”—.

A esta célebre expresión del dramaturgo inglés, al paso de los años se le han dado diversas traducciones, pero casi todas tienen la misma connotación: Algo apesta en Dinamarca, para referirse a que las cosas están muy mal, apestan, hieden.

Ante la situación que actualmente se vive en México bien podríamos decir: “There is something rotten in Mexico”, pues nuestro país huele a sangre y este hedor se hace ya insoportable para la mayoría de las personas, aunque lamentablemente no para todas.

Para algunos —los menos—, aun sintiendo el terrible olor de la sangre, prefieren ignorarlo; les barrena el interior de sus narices y sin embargo buscan —¿pueden?— fingir indiferencia. Oler la sangre que se coagula en la tierra de las fosas clandestinas o el de aquella que corre por las calles de las ciudades, les interrumpe en su confort hasta que... no sea la suya, la propia, la que despida el penetrante olor.

Otros huelen la sangre pero extrañamente no les huele a sangre, les huele a tinta y en realidad no les desagrada —o  en todo caso la soportan—, pues les sirve para escribir la nota que por la noche leerán desde el teleprompter en su noticiero. Esta es su rutina diaria, salvo que “de arriba o desde más arriba” les ordenen cambiar el color de la nota. Así sucedió, por ejemplo, con el caso de Tlatlaya o en Ecatepec —¿alguien sabe qué ha sucedido con los fusilados de la bodega o con el feminicidio oculto en la “modalidad” de fosa acuática?—.

Pero también existen los que oliendo la sangre se excitan como murciélagos y la buscan para nutrirse política y electoralmente. Son los que comparten la teoría de “cuanto más peor, mejor” y AMLO es uno de sus entusiastas seguidores. Esto es: entre más ingobernabilidad, entre mayor inseguridad, entre mayor encono social, entre más violencia, entre más incapacidad del Estado para contenerla, entre mayor debilidad de las instituciones para aplicar la ley, entonces… mejor para ellos, pues suponen —desde esta delirante concepción— que empeorando más y más la situación del país se crearán las condiciones políticas y sociales más adecuadas para que ellos “aparezcan” —literalmente— como los “salvadores de la patria”.

Esta teoría política que alguna vez fue entendida entre la izquierda como “eficaz estrategia revolucionaria”, resulta, especialmente ahora, francamente deleznable, perversa, miserable, pues para obtener rédito político se utiliza el sufrimiento de las víctimas, la indignación de la sociedad por lo sucedido en Iguala y el rencor social acumulado durante años. Esta “estrategia” de muchos políticos y de no pocos grandes empresarios, de prevalecer intereses particulares por sobre los del país y los de la gente, responde en parte, a la pregunta acerca de ¿qué es lo que se está pudriendo en México?

Esto es cierto, pero no es toda la verdad. La otra parte y más importante aún, es que el viejo Estado mexicano, ése en donde la ley se acata pero no se cumple, en donde la ley se escribe pero no se aplica, el de los poderes fácticos sobre los constitucionales, el de la opacidad en lo público, el de la corrupción como sinónimo de negocio, el de la impunidad que alienta la violencia, ese Estado tiene tiempo pudriéndose, está y huele mal,  hiede, pero nos resistimos a cambiarlo.

PD: Sé que el PRD cometió un grave error al postular a Abarca como candidato y de ello estamos acusando severos daños. Ni modo, los errores y más en la política, se pagan caros y, sobre todo, se cobran implacablemente.

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La “salida política” o el Estado de derecho: he ahí el dilema

Por Jesús Ortega Martínez

En la plenitud del régimen priista, el de “la dictadura perfecta” como la identificó magistralmente Mario Vargas Llosa, “la ingobernabilidad” en una entidad era entendida como expresión de inestabilidad política para el régimen y que ponía en riesgo su hegemonía autoritaria, siempre al margen de la Constitución y las leyes.

En el sistema autoritario la llamada “ingobernabilidad” se “resolvía” con una decisión del solitario del Palacio, es decir, del Presidente de la República, la misma que trasmitía al secretario de Gobernación para que éste a su vez ordenara al Senado la destitución de manera implacable, de un gobernador y ello, mediante la manida fórmula de “la desaparición de poderes”. 

El secretario de Gobernación, para ejecutar la instrucción de “desaparecer poderes”, tenía que crear en el conjunto de la sociedad la percepción de “ingobernabilidad” y para ello contaba con un instrumento cuasi indispensable, esto es: con los medios de comunicación que, prestos —eran soldados del PRI, con raras excepciones—, difundían los boletines redactados en alguna oficina de Bucareli.

Desde luego que quien sabía cuándo había “ingobernabilidad” en una entidad federativa o en un municipio o en un sindicato —obrero o patronal—, en una organización social, en una universidad o en cualquier entidad, en cualquier parte del país, era sólo y exclusivamente el Presidente —no se olvide que éste era omnisciente, omnipresente y omnipotente—.

Por cierto, aunque la Constitución le da al Senado la facultad de declarar acerca de si se encuentran desaparecidos los poderes en una entidad, contrariando a la Carta Magna el Presidente de la República y el Senado no declaraban la posible inexistencia de los poderes, sino que éstos, sin investigación o indagación alguna, los desaparecían.

Así era en el sistema autoritario priista y, aunque parecía que eso ya no existía en nuestro país, algunos nostálgicos de ese presidencialismo omnímodo, algunos nostálgicos de las “salidas políticas”, pretenden restaurarlo, ya sea con “ciertas modalidades”, pero con la misma esencia autoritaria.

En el caso de Guerrero y como consecuencia de los trágicos hechos en Iguala, no pocos medios de comunicación, algunos dirigentes del PRI y del PAN regresan al pasado para “cortar cabezas” —en este caso la expresión es “política” y no literal, aunque el propósito sea el mismo: eliminar a enemigos o contrincantes— para con ello satisfacer sus objetivos que pueden situarse en una amplia gama, y que van desde la búsqueda de ganancia electoral, de venganza política, de acrecentar rencores sociales, de desprenderse de responsabilidades propias y algunos, con sentimientos religiosos, de expiar culpas.

Este comportamiento, aparte de los grados de miseria que conlleva, es claramente inútil para resolver el problema de la violencia generalizada en el país, completamente estéril para terminar con la inseguridad pública; es rotundamente vano para terminar con el narcotráfico y es evidentemente ineficaz para castigar a los responsables de las muertes y de las desapariciones en Iguala.

En sentido diametralmente diferente lo que debería hacerse es, sin contemplaciones de ninguna naturaleza, aplicar el Estado de derecho.

Si de las investigaciones se desprende que Ángel Aguirre es responsable directo, corresponsable por omisión o por acción, entonces debe aplicarse la ley y sujetarlo a las sanciones penales o administrativas correspondientes. Si lo son funcionarios de la administración local, si lo es el presidente municipal, si lo son mandos militares en la región, si lo son autoridades de la PGR, incluyendo una posible omisión de Jesús Murillo Karam; si lo son, como es evidente, las bandas de narcotraficantes y sus sicarios, entonces reitero, para avanzar hacia tener un Estado de derecho debe aplicarse la ley y no “la salida política” con el espectáculo incluido de “cortarle la cabeza a alguien, al que sea, para que, finalmente, todo siga igual”.

¿Cuántos altos funcionarios “renunciaron” por lo de Acteal y Aguas Blancas y cuántos de éstos fueron procesados?

Esta fue característica del régimen priista y sería ahora la “fuga perfecta” para que el Estado mexicano continúe en su deterioro y los poderes fácticos —los de la delincuencia organizada y otros— sigan imponiendo a la sociedad la violencia, el crimen y el terror.

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Texto Original: http://bit.ly/124Pflr

Remover el gobernador ¿y luego?

Remover el gobernador ¿y luego?

Por Jesús Ortega Martínez 

A lo largo de la historia de México se han experimentado acontecimientos que han transformado desde las raíces más profundas su noción de existencia como nación.

Hay acontecimientos que les suceden a las personas, a las sociedades y a las naciones que les cambian sustantivamente la percepción de su vida, la noción de su existencia. El nazismo, por ejemplo, es y sigue siendo un acontecimiento político y social que —aun habiendo pasado tantos años desde su aparición— transformó radicalmente a toda una nación y también, en parte significativa, al resto del mundo.

Así, a lo largo de la historia de México se han experimentado acontecimientos que han transformado desde las raíces más profundas su noción de existencia como nación. Han sido muchos de estos acontecimientos, pero ahora me referiré al más actual y de tanta trascendencia como lo han sido otros. Éste, es el de la espantosa violencia vinculada al narcotráfico y a otras formas de crimen organizado. Una de sus consecuencias son las decenas de miles de pérdidas de vidas humanas y de centenas de miles de víctimas. En realidad, tod@s los mexicanos somos de alguna forma víctimas.

Este acontecimiento no puede ser entendido o tratado —porque éstas son también formas inconscientes o conscientes de indiferencia— como la “nota” para una o dos semanas en los diarios y los noticiarios de la televisión o como motivo para que se descarguen los resentimientos sociales, perfectamente explicables y durante tanto tiempo acumulados en el conjunto de la sociedad, tal y como sucedió con los migrantes centroamericanos asesinados en San Fernando o con los fusilados en Tlatlaya —¿dónde se encuentra escondida esta nota?— o con los muertos de la Marquesa, con el feminicidio en Ciudad Juárez, los colgados —literalmente— en Veracruz, los cuerpos descabezados en Acapulco, los masacrados en Sinaloa, en Zacatecas y en prácticamente todo el país.

La tragedia de Iguala es parte de ese acontecimiento que se encuentra cimbrando a nuestro país y está propiciando sentimientos generalizados de pavor, indefensión e indignación entre el conjunto de la población, y es cierto que la indignación se acrecienta cuando estos crímenes quedan impunes por causa de la complicidad o irresponsabilidad de las autoridades. Lamentablemente la impunidad ha prevalecido en la mayoría de los crímenes antes mencionados y, desde luego, en el caso de Iguala,  en razón de la ley y la justicia y por razón de Estado, no debería permitirse que tal impunidad de nueva cuenta sea la constante.

Es obvio que debe aplicarse la ley y que debe hacerse justicia, pero, ¿por qué la razón de Estado?

Con esta reflexión no pretendo exculpar a nadie y por ello lo digo con toda claridad: si el gobernador de Guerrero es por cualquier causa responsable en los hechos de Iguala, entonces no sólo debería dejar el cargo sino también ser sujeto de la aplicación de la ley y lo mismo debería hacerse con cualquier otro funcionario público de cualquier nivel de gobierno, sea federal, estatal o municipal.

Pero digo que hay una razón de Estado porque la causa principal de este acontecimiento de violencia que recorre  México se encuentra en la crisis estructural del Estado que vive en nuestra nación.

No debe haber impunidad en Iguala, pero si no se resuelve la crisis profunda de las instituciones del Estado mexicano encargadas de la aplicación de la ley, de la procuración de justicia, de la seguridad ciudadana; si no se supera de su debilidad crónica, si no es el Estado el único que pueda utilizar legal y legítimamente la fuerza, entonces Aguirre dejará el cargo de gobernador, pero Iguala será otro eslabón de la cadena que asfixia lentamente a la nación toda,  y será —doblemente trágico— sólo otra nota más en los diarios y noticiarios televisivos y otro motivo, el más ruin de todos, para ejercer la venganza política, para hacer crecer protagonismos individuales o para obtener, con la vileza de usureros políticos, la ganancia electoral.

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"¿QUÉ ORIGINÓ EL ODIO?"

Por Marco Rascon 

Por alguna oscura razón o un acuerdo perverso con el Estado, el crimen organizado ha regresado a sus orígenes gubernamentales y es, de nuevo, la vanguardia de la contrainsurgencia militar contra todo aquel que considera su enemigo: migrantes, jóvenes, indígenas, periodistas, opositores, la gente que protesta y los manifestantes que buscan cambiar sus circunstancias de opresión para el bien de su país. ¿Odio ideológico, social, racial? Si en los motivos de los genocidas no existe nada personal —como dirían los clásicos—, ¿cuál es la causa de los criminales?

Si el crimen organizado se organizó en las entrañas de los cuerpos de la contrainsurgencia represiva del viejo régimen inspirados en el anticomunismo y la guerra sucia, su instinto está de regreso, adulto y estructurado en todo el país, para asesinar, torturar, desaparecer y secuestrar. Más presupuestos y nuevas policías solo alimentan a los señores que hoy se han enriquecido con la violencia y del Estado fallido.

Siguiendo la máxima de que “origen es destino”, las mafias se han convertido en el brazo ejecutante de las fuerzas de seguridad, igualando lo que fueron las matanzas paramilitares en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia y la que generó el racismo en Sudáfrica.

La profundidad de esta descomposición establece un trazo que une Tlatelolco 68, 10 de Junio, Aguas Blancas, San Fernando, Tlatlaya e Iguala, donde el paramilitarismo sin rostro hace la función del gendarme con derecho a matar y desaparecer, al servicio de una brutal política migratoria y de contrainsurgencia de Estados Unidos y México, con derecho a usar el terror, contra lo que la economía excluyente y las leyes no pueden frenar.

Hoy la gobernabilidad se sustenta en este acuerdo oscuro y de facto que une a las fuerzas de seguridad con el crimen, haciendo juntos la política de contrainsurgencia que infiltra la política y a los partidos, compra y amenaza legisladores mediante campañas de odio y desprestigio, financia grupos de provocadores y llena de ruido con gritones mansos, para que nada con sentido se escuche.

Si primero destruyeron la economía del campo, luego siguieron regiones enteras y provincias que generaron depresión y migración masiva, hoy preparan el terreno para dividir al país mediante la balcanización de mexicanos, enfrentados unos con otros. ¿Ese es el proyecto de fondo?

En ese pozo de desconcierto, incertidumbre y desasosiego nacional, es inexplicable cómo se puede llegar al asesinato en masa de adolescentes y jóvenes. ¿Cuál es el origen del odio sobre los normalistas de Ayotzinapa? ¿Qué ha permitido que se los llevaran en patrullas pagadas con el erario y hoy estén desaparecidos? ¿Qué escena de terror han de haber vivido estos jóvenes si son los encontrados en las fosas de Iguala?

Los asesinos de los sepultados y masacrados en Iguala funcionaron sobre la base de que su acto sería impune, pues llevaron a los detenidos hasta el pie de la fosa a bordo de una patrulla de la seguridad pública municipal e iniciar uno a uno la danza de la muerte. ¿Qué demente pensó que desaparecer 43 personas de una comunidad regional y estudiantil no tendría consecuencias? ¿Cuál es la razón y el mensaje de los genocidas de esta masacre igual o mayor a otras matanzas históricas, que generaron multitud de procesos sociales, políticos y cambios en México? ¿Cuál es la verdadera cabeza que planeó, organizó y ejecutó este crimen?

No hay nada más difícil que pretender ocultar una noticia de muerte. Hoy el país no huele a modernización, ni a cambios, ni a reformas, ni a democracia, ni a eficiencia: huele a muerte.

La espiral de confusión y violencia difícilmente será detenida porque ni se quiere ni se busca la justicia entre los que la imparten. Se apresará a varios sicarios, sin duda, pero la profunda red que los reclutó y les pagó puede quedar de nuevo impune.

La indignación no basta, la destitución del alcalde no resuelve las omisiones y las responsabilidades, el gran peligro son las puertas de la balcanización vía el terror y la violencia.

La coyuntura de esta masacre fue la insurgencia politécnica; el fallecimiento de Raúl Álvarez Garín, quien dedicó su vida precisamente a combatir la impunidad y aclarar el origen del odio de 1968 en adelante; la conmemoración del 2 de Octubre.

Los politécnicos lograron el NO, pero ahora su responsabilidad histórica es decir hacia dónde SÍ debe ir el IPN. Raúl Álvarez deja como herencia una ruta de lucha contra la impunidad y por la legalidad. De los esfuerzos del 2 de octubre de 1968 hacia acá, la tarea es cómo unificar al país contra los poderes genocidas que buscan dividirnos y acabarnos como nación.

De negro, el México vestido siempre de negro!

Por Jesús Ortega Martínez

Hannah Arendt en su ensayo: Visita en Alemania. Las consecuencias del régimen nazi, escribe que “comprobó una curiosa indiferencia en la población de ese país”. Europa estaba cubierta por una sombra de profundo dolor causada por los campos de concentración y de exterminio alemanes. Pero en ningún otro sitio se silenciaba tanto esta pesadilla de destrucción y espanto como en Alemania. “La indiferencia con la que los alemanes se mueven por entre las ruinas tiene su correspondencia en que nadie llora a los muertos”. La huida de la responsabilidad y la búsqueda de culpas en las potencias de ocupación están muy extendidas. “El alemán medio busca las causas de la última guerra no en las acciones del régimen nazi, sino en las circunstancias que condujeron a la expulsión de Adán y Eva del Paraíso”.

Opiniones tan contundentes como ésta ocasionaron, más que críticas, ataques a la célebre autora de Los orígenes del totalitarismo, por señalar que los crímenes de lesa humanidad que llevó a cabo el régimen nazi pudieron ser posibles, entre otras causas, por la indiferencia con que los observaban amplios sectores de la población alemana.

Cito a Arendt porque ante eventos tan abominables como los de Iguala hay en algunas personas, lo mismo entre ciertos analistas y especialmente entre algunos políticos canallas, el comportamiento de reaccionar con instinto animal, irracional, bárbaro, de “ver colgando del palo mayor” a los que creen que son los culpables, antes que —como dice la propia Arendt— de “llorar a los muertos”.

Este comportamiento atroz, es también una forma de aquella indiferencia que, en las ruinas que dejaba la guerra y el nazismo, sorprendía a la gran escritora alemana.

Las campanas están doblando por las personas asesinadas en Iguala pero sobre todo, están doblando por el país entero. La tragedia sucedida ahora en Iguala enluta a todo el país, pero pareciera que no nos hemos dado cuenta que nuestra patria desde hace lustros, cotidianamente viste de luto, tal y como lo escribió Federico García Lorca:

“De negro va la señora siempre vestida de negro y no es por su marido que hace rato que se ha muerto. Lleva luto por la patria que ella ha ido pariendo, destruyendo con su ira lo que otros erigieron.”

¡De negro, el México vestido siempre de negro!

Hay que reafirmar, desde luego, que la ley debe aplicarse y deben ser castigados los responsables intelectuales y materiales de los asesinatos en Iguala, que debe sancionarse a los funcionarios públicos del municipio de Iguala y del estado de Guerrero como a todos aquellos del ámbito local y federal que por acción u omisión son corresponsables, y ello hacerse al margen de banderías políticas o partidarias. La justicia debe hacerse presente en este terrible acontecimiento, pero no debemos perder de vista el evitar caer en la “banalidad del mal” que localizaba Hannah Arendt; no acostumbrarnos a la trágica cotidianidad de la violencia y menos aun a la fatalidad o indiferencia ante esa violencia cotidiana que sangra al país y que degrada al conjunto de la sociedad.

Lejos estoy de generalizar para dejar de especificar. Lo de Iguala es espantoso, pero junto a la obligada justicia ante los asesinatos en este municipio de Guerrero, el Estado nacional debe encontrar una respuesta a la crisis estructural que padece en materia de seguridad y que amenaza con desmoronarlo, disolverlo. Es Iguala, Tlatlaya, San Fernando, Durango, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Michoacán, Sonora, Zacatecas, es todo el país.

La justicia debe ser específica en Iguala, pero la solución a la violencia generalizada que desangra al país debe ser de carácter estructural, debe de ser una respuesta de Estado y encontrarla es responsabilidad de los poderes federales, estatales, municipales y del conjunto de la sociedad.

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Política Teletón

Por Jesús Ortega Martínez

Ciertamente hay que transformar el Estado para fortalecerlo y eso requiere una fuerza social y ciudadana apoyada en un programa político.

Los poderes fácticos han sido identificados por el Pacto por México y por múltiples estudiosos de las teorías del Estado, como determinados actores económicos, políticos o delincuenciales que actúan al margen o incluso en contra del Estado nacional y de sus instituciones.

Michael Coppedge afirma que hay “actores estratégicos en la sociedad política, que son aquellos que tienen suficiente poder para alterar el orden público, impulsar o detener el desarrollo económico o, en general, afectar la marcha de la sociedad, ya sea porque poseen determinantes bienes de producción, o mueven organizaciones de masas, o tienen influencia sobre la maquinaria administrativa del Estado, o manejan las armas, o poseen la capacidad de diseminar con fuerza ideas e informaciones sobre la sociedad”.

Ejemplos de poderes fácticos son, por ejemplo, los monopolios económicos o las mafias delincuenciales existentes en México, ambos, que crecen y se desarrollan, que obtienen extraordinarios ingresos, que se convierten en entes de un enorme poder de control sobre la economía y la política del país, y todo ello lo hacen a pesar de que se encuentran prohibidos por la Constitución General de la República y por ello mismo prohibidos por el Estado nacional.

Estos poderes, obviamente, minan la autoridad y la fuerza del Estado, lo debilitan en ocasiones a niveles extremos hasta poner en riesgo su propia existencia. Hay muchos ejemplos de naciones que cuentan con un Estado formal, pero éste, en la realidad, no ejerce prácticamente facultades y se encuentra sin posibilidad alguna de regulación de la vida social y sin capacidad de aplicación de las leyes.

¿Cómo se termina con la existencia de los poderes fácticos? No hay muchas alternativas, sin embargo, algunos piensan que un camino, que una estrategia viable consistiría en pedirles que, por voluntad propia, dejen de ser monopolios y dejen de ser poderes fácticos. Este es el caso de AMLO, que en días pasados pidió a Emilio Azcárraga (dueño del monopolio de la información y del negocio del futbol profesional) que deje de ser uno de estos poderes fácticos.

Según información difundida por el portal Sin Embargo, el dirigente de Morena pidió a Azcárraga que ayude a los ciudadanos del municipio de Chichihualco en la producción y venta de balones de futbol. “Ojalá pueda hacer algo”, le suplica AMLO a Azcárraga.

Con esa estrategia antimonopólica de AMLO ¿por qué no pedirle a Azcárraga —aprovechando la ocasión— que suelte el control político y económico que tiene sobre el negocio de la información y sobre la industria altamente redituable del futbol profesional? ¿Por qué no pedirle a Azcárraga que deje de ser de la “mafia del poder” y a la cual el propio AMLO ha fustigado de manera permanente?

Pero supongamos que a partir de la petición de AMLO, Azcárraga se invade de un ánimo filantrópico o que “se le ablanda el corazón” o que con algún sentido político accede a la petición de AMLO y “apoya” a los productores de balones de futbol de Chichihualco. ¿Cambia en algo su condición de jefe de un monopolio?

¡En nada absolutamente! Pero ello sólo contribuiría a la realización de un acto misericordioso de AMLO y a una reacción políticamente redituable para el dueño de Televisa.

En la realidad de la vida política los principios de moral religiosa, como el de la misericordia o el “amor al prójimo” no son, en modo alguno, respuestas a la terrible desigualdad social y económica que se vive en el país.

Las soluciones son de carácter diametralmente diferentes y se construyen cuando las fuerzas políticas principales que se asumen como parte del Estado logran acuerdos de carácter estratégico para —recurriendo incluso a la fuerza legítima del propio Estado— imponerse a dichos poderes fácticos con el fin de que estos sean sometidos a las leyes y a la obligada sujeción a las instituciones estatales.

Para disminuir la pobreza, para avanzar hacia la igualdad, para impulsar el empleo, para lograr bienestar general, se requiere, más que de misericordia, de justicia; más que de llamados a la filantropía de los poderosos, de un Estado fuerte que sea capaz de cumplir con la Constitución y con la aplicación de las leyes; más que de peticiones cándidas a los monopolios, se necesita someterlos a la fuerza legal del Estado.

Ciertamente hay que transformar el Estado para fortalecerlo y eso requiere una fuerza social y ciudadana apoyada en un programa político, no en una prédica a la generosidad de los poderosos.

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Artículo Original: http://bit.ly/1p2t9ob

¿Hombre de Estado o jefe de partido?

Por Jesús Ortema Martínez 

El Ejecutivo federal ha presentado su informe anual para, con ello, cumplir con su obligación constitucional.

Con seguridad aparecerán los escritos lisonjeros de los “periodistas del Presidente” y de “los nuevos soldados del PRI”. Ante estos intentos de recuperar al anacrónico presidencialismo esperaría que Peña Nieto cerrara los ojos a esas plumas y oídos a esas voces engañosas, porque no hay mucho que celebrar de esta primera parte de su gestión.

Es incuestionable, por ejemplo, que:

— Continúa el estancamiento de la economía.

— Continúa presente la violencia en un buen número de regiones y estados del país.

— Continúa vigente la inseguridad pública en varias entidades de la República y el único cambio notable en este asunto es meramente de carácter mediático (algunos de los medios de comunicación han adoptado la política de no informar del crecimiento de los crímenes y delitos, y ello es, seguro, resultado de cabildeo de alguna oficina gubernamental).

— Continúa el crecimiento del desempleo, especialmente entre los jóvenes.

— Continúa el crecimiento de la economía informal y sobre todo...

— Continúa creciendo la desigualdad económica. Nuestro país es, entre todos, uno de los que presentan grados de desigualdad extremos. La pobreza crece y el ingreso nacional se concentra cada vez en menos individuos.

Esto es la realidad a pesar de que ningún Presidente de la República, en los últimos 50 años, había contado —desde el punto legislativo y de políticas públicas— con tantas y diversas reformas (casi todas de carácter estratégico) que debieran permitir desde ya, cambios verdaderamente profundos para la nación. Me refiero a:

La Reforma Educativa.

La Reforma Financiera.

La Reforma Antimonopólica.

La Reforma Hacendaria.

La reforma para crear el sistema de seguridad social universal.

La Reforma en Telecomunicaciones.

La Reforma Electoral y de cambio de régimen político.

La reforma para proteger y alentar los derechos humanos y… todo esto fue resultado de la acción política de diversas fuerzas y partidos —entre ellas el PRD— en el marco del Pacto por México.

Esto es lo que podrá el Ejecutivo federal informar como logros sustantivos, pero que paradójicamente no son de su exclusividad. Peña Nieto participó, pero igualmente lo hicieron otros actores que compartieron la necesidad del país de impulsar y materializar tales cambios en materia legislativa, administrativa y, desde luego, política.

No regatearé su disposición a la búsqueda de acuerdos en asuntos fundamentales como los antes mencionados, pero igualmente no podría dejar de señalar que la reforma en materia energética (ésta sí construida por su gobierno y el PAN)  no es, a mi juicio, la que el país requiere. No discuto en este punto la necesidad de cambios, pero modernizar el sector energético no debiera significar, como sucedió lamentablemente, el privatizarlo.

Una parte importante de las reformas le dan al país la oportunidad de salir del estancamiento en que se mantiene, y el gobierno, con eficacia política —la que no se observa hasta ahora— podría contribuir a ello.

Hay, sin embargo, una condición fundamental para hacer esto posible y es, precisamente, lo que en un principio animó los esfuerzos para concretar el Pacto, es decir, la capacidad y la disposición para hacer abstracción de sus objetivos particulares para poner en primer término los objetivos generales del país y la solución de las demandas de la gran mayoría de las y los mexicanos, al margen de cuáles sean sus preferencias partidarias.

Esto es lo que hace la diferencia entre un hombre de Estado o un jefe de partido.

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Texto original:  http://bit.ly/1u1cnLz

LA LEGALIZACIÒN DE LA MARIHUANA Y NUEVOS PARADIGMAS EN LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS

1.- DIAGNÒSTICO
De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas 2014, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a nivel mundial, se calcula que en 2012, entre 162 y 324 millones de personas, es decir del 3,5% al 7,0% de la población de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una vez alguna droga ilícita. En 2012 se informó también de un total aproximado de 183.000 muertes relacionadas con las drogas. Esa cifra se corresponde con una tasa de mortalidad anual de 40 muertes por millón en la población de entre 15 y 64 años. 

Por lo que corresponde a la evolución del mercado de drogas, el cannabis sigue siendo la droga más consumida a escala mundial. Se cultiva en casi todos los países del mundo y se calcula que entre 130 y 190 millones de personas la fuman al menos una vez al año. Mientras que el mercado de los opiáceos y de la cocaína sigue disminuyendo, el consumo de drogas sintéticas está en aumento. Se estima que el número total de personas que consumen estimulantes de tipo anfetamínico – aproximadamente entre 30 y 40 millones – superará pronto al número de consumidores de opiáceos y cocaína juntos. 

Los problemas derivados del consumo de drogas se asocian con el riesgo, cada vez mayor, de que aparezcan otros problemas de salud como el VIH/SIDA, la hepatitis, la tuberculosis, el suicidio, la muerte por sobredosis y las enfermedades cardiovasculares. Dejando a un lado África Subsahariana, el 30% de los casos de infección de VIH se deben al consumo de drogas inyectables.

La atención a los toxicómanos es a menudo insuficiente, especialmente en los países en desarrollo. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito recomienda un tipo de atención centrado en la salud, no en la represión. Por tanto, estima que el tratamiento de la toxicomanía debería incluirse dentro de los servicios sanitarios primarios. De ahí la importancia de abordar esta discusión de manera objetiva y científica, alejados del conservadurismo o de posiciones morales. Hasta ahora, el tema de las drogas ha sido tratado solo desde una perspectiva de seguridad, de prohibición y restricción, y no a partir de políticas públicas con perspectiva social y cultural, que nos permitan generar un proceso de regulación y de transformación de la realidad. 

En este enfoque transformador se encuentra el movimiento DROGAS Y DEMOCRACIA: HACIA UN CAMBIO DE PARADIGMA, encabezado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia , conformada por tres expresidentes y diversas personalidades independientes, quienes han concluido que la declaración de guerra contra las drogas en nuestra región y en el mundo entero ha sido un rotundo fracaso. 

Sostienen que la violencia y el crimen organizado asociados al tráfico de drogas ilícitas constituyen uno de los problemas más graves de América Latina; y afirman que frente a una situación que se deteriora a cada día con altísimos costos humanos y sociales, es imperativo rectificar la estrategia de “guerra a las drogas” aplicada en los últimos treinta años en la región.

En su perspectiva, las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Y estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas. Una evaluación realista indica que:

• América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas;

• Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latina mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa.

En América Latina la revisión a fondo de las políticas actuales es aún más urgente a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a las instituciones democráticas. Asistimos en las últimas décadas a:

• Un aumento del crimen organizado tanto por el tráfico internacional como por el control de los mercados domésticos y de territorios por parte de los grupos criminales;

• Un crecimiento a niveles inaceptables de la violencia que afecta al conjunto de la sociedad y, en particular, a los pobres y jóvenes;

• La criminalización de la política y la politización del crimen, así como la proliferación de vínculos entre ambos que se refleja claramente en la infiltración del crimen organizado en las instituciones democráticas;

• La corrupción de los funcionarios públicos, del sistema judicial, de los gobiernos, del sistema político y, en particular, de las fuerzas policiales encargadas de mantener la ley y el orden.

El modelo actual de política de represión de las drogas está firmemente arraigado en prejuicios, temores y visiones ideológicas. El tema se ha transformado en un tabú que inhibe el debate público por su identificación con el crimen, bloquea la información y confina a los consumidores de drogas a círculos cerrados donde se vuelven aún más vulnerables a la acción del crimen organizado. Por ello, romper el tabú, reconocer los fracasos de las políticas vigentes y sus consecuencias, es una condición previa a la discusión de un nuevo paradigma de políticas más seguras, eficientes y humanas.

Eso no significa desconocer la necesidad de combatir a los carteles y traficantes. Significa, eso sí, que debemos reconocer la insuficiencia de los resultados. 

La cuestión que se plantea es reducir drásticamente el daño que las drogas hacen a las personas, a las sociedades y a las instituciones. Para ello, es esencial diferenciar las sustancias ilegales de acuerdo con el daño que provocan a la salud y a la sociedad. Políticas seguras, eficientes y fundadas en los derechos humanos implican reconocer la diversidad de situaciones nacionales, así como priorizar la prevención y el tratamiento. 

Por ello es imperativo examinar críticamente las deficiencias de la estrategia prohibicionista impulsada por los Estados Unidos y las ventajas y los límites de la estrategia de reducción de daños seguida por la Unión Europea, así como la escasa jerarquía que le dan al problema de las drogas algunos países, tanto industrializados como en desarrollo.

Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos. A pesar de los significativos éxitos de Colombia en su lucha contra los carteles de la droga y la disminución de los índices de violencia y de delitos, han vuelto a aumentar las áreas de siembra de cultivos ilícitos y el flujo de drogas desde Colombia y el área Andina.

México se ha convertido de manera acelerada en otro epicentro de la actividad violenta de los grupos criminales del narcotráfico. Esto plantea desafíos al gobierno mexicano en su lucha contra los carteles de drogas que han reemplazado a los traficantes colombianos como los que introducen la mayor cantidad de narcóticos en el mercado de Estados Unidos. 

México tiene el derecho de reivindicar del Gobierno y de las instituciones de la sociedad estadounidense un debate sobre las políticas que allí se aplican y también pedir a la Unión Europea un esfuerzo mayor para la reducción del consumo. La traumática experiencia colombiana y mexicana son sin duda referencia para que se evite el error de seguir las políticas prohibicionistas de Estados Unidos y se encuentren alternativas innovadoras.

No se trata de buscar países culpables por tal o cual acción u omisión pero sí de afirmar que Estados Unidos y la Unión Europea son corresponsables de los problemas que enfrentamos en la región, pues sus mercados son los mayores consumidores de las drogas producidas en América Latina. Es deseable, por ello, que apliquen políticas que efectivamente disminuyan el nivel de consumo y que reduzcan significativamente el tamaño de este negocio criminal.

Considerando la experiencia de América Latina en la lucha contra el tráfico de drogas y la gravedad del problema en la región, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia lanzó un llamado a la opinión pública y a los gobiernos de América Latina, a las Naciones Unidas y a la comunidad internacional proponiendo un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices:

• Tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública.

• Reducir el consumo mediante acciones de información y prevención.

• Focalizar la represión sobre el crimen organizado.

Este enfoque no es de tolerancia con las drogas pues se reconoce que estas provocan daños a las personas y a la sociedad. Sin embargo, tratar el consumo de droga como un tema de salud pública y promover la reducción de su uso son precondiciones para focalizar la acción represiva en sus puntos críticos: la disminución de la producción y el desmantelamiento de las redes de traficantes.

Para concretar este cambio de paradigma, se propone que América Latina tome las siguientes iniciativas en el marco de un proceso global de transformación de las políticas de combate al uso de drogas ilícitas:

1. Transformar los adictos de compradores de drogas en el mercado ilegal en pacientes del sistema de salud.

La enorme capacidad de violencia y corrupción del narcotráfico sólo podrá ser combatida efectivamente si se debilitan sustancialmente sus fuentes de ingresos. Con este propósito, el Estado debe crear las leyes, instituciones y regulaciones que permitan que las personas que han caído en la adicción de drogas dejen de ser compradores en el mercado ilegal para convertirse en pacientes del sistema de salud.

Esto, en conjunto con campañas educativas y de información, llevaría a una reducción de la demanda de drogas ilegales y al desplome de los precios de las mismas, minando de esta manera las bases económicas de este negocio criminal.

2. Evaluar con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal.

La marihuana es, por mucho, la droga más difundida en América Latina. Su consumo tiene un impacto negativo sobre la salud, inclusive la salud mental. Sin embargo, la evidencia empírica disponible indica que los daños causados por esta droga son similares a los causados por el alcohol o el tabaco. 

Más importante aún, gran parte de los daños asociados a la marihuana – de la prisión y encarcelamiento indiferenciado de consumidores a la violencia y la corrupción que afectan toda la sociedad – son el resultado de las políticas prohibicionistas vigentes. La simple descriminalización del consumo, si no va acompañada de políticas de información y prevención, puede tener como consecuencia la profundización de los problemas de adicción.

Estados Unidos es probablemente el país industrializado que dedica más recursos a la lucha contra el tráfico de drogas ilícitas. El problema está en la eficacia y las consecuencias de sus acciones. Su política de encarcelar a los usuarios de drogas, cuestionable desde el ángulo del respeto a los derechos humanos y de su eficacia, es inaplicable en América Latina, considerando la superpoblación carcelaria y las condiciones del sistema penitenciario. Inclusive esta política represiva propicia la extorsión de los consumidores y la corrupción de la policía. 

En ese país también es descomunal la magnitud de los recursos que se usan para la interdicción del tráfico y para solventar el sistema carcelario en comparación a lo que se destina para la salud y la prevención, tratamiento o rehabilitación de los consumidores.

3. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.

Los cambios en la sociedad y la cultura que llevaron a reducciones impresionantes en el consumo de tabaco demuestran la eficiencia de campañas de información y prevención basadas en lenguaje claro y argumentos consistentes con la experiencia de las personas a que se destinan. 

4. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.

Las políticas públicas deberán priorizar la lucha contra los efectos más nocivos del crimen organizado para la sociedad, como la violencia, la corrupción de las instituciones, el lavado de dinero, el tráfico de armas, el control de territorios y poblaciones. En esta materia es importante el desarrollo de estrategias regionales y globales.

5. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.

Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados en condiciones competitivas. Se debe hablar no sólo de cultivos alternativos sino de desarrollo social de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un contexto participativo. 

Un nuevo paradigma para enfrentar el problema de las drogas debe estar menos centrado en acciones penales y ser más incluyente en el plano de la sociedad y la cultura. Las nuevas políticas deben basarse en estudios científicos y no en principios ideológicos. En ese esfuerzo se debe involucrar no sólo a los gobiernos sino al conjunto de la sociedad.

Esta construcción de alternativas es un proceso que requiere la participación de múltiples actores sociales: instituciones de justicia y seguridad, educadores, profesionales de la salud, líderes espirituales, las familias, formadores de opinión y comunicadores. Cada país debe enfrentar el desafío de abrir un amplio debate público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas más adecuadas a su historia y su cultura.

Fuente:http://www.drogasedemocracia.org/Arquivos/livro_espanhol_04.pdf

ANEXO
INNOVACIONES LEGISLATIVAS EN POLÍTICAS DE DROGAS

A continuación se presenta un resumen de buenas prácticas en reformas legislativas de drogas de todo el mundo, que representan un alejamiento del modelo represivo de la tolerancia cero y un avance hacia políticas de drogas más humanas y fundamentadas en pruebas empíricas. Este material se generó en el Senado de la República en 2011, durante un seminario convocado por la Comisión de Relaciones Exteriores Europa y la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana. 

Los ejemplos reflejan las lecciones aprendidas en la práctica con la aplicación de enfoques menos punitivos y su impacto en los niveles de consumo de drogas y los daños asociados sobre los individuos y la sociedad. 

Las pruebas disponibles sugieren que las legislaciones que moderan la penalización, acompañadas de medidas que ayuden a redirigir los recursos de las actividades de represión y encarcelamiento hacia a la prevención, el tratamiento y la reducción de los daños, son más eficaces para limitar los problemas relacionados con las drogas. LOS TEMORES DE QUE RELAJAR LAS LEYES DE DROGAS Y SU APLICACIÓN SE TRADUCIRÍA EN UN DRÁSTICO AUMENTO DEL CONSUMO HAN RESULTADO SER INFUNDADOS. 

Los ejemplos citados, a pesar de sus diferencias en cuanto a alcances y objetivos, pueden considerarse como mejoras sobre un modelo de fiscalización de drogas demasiado represivo y apuntan a una dirección de reformas y cambios de paradigma más significativos en el futuro. El centro de gravedad de esta serie de reformas se sitúa en Europa, tal como recapitula el observatorio europeo de las drogas y las toxicomanías (OEDT):

“El análisis de las estrategias nacionales en materia de drogas, la literatura jurídica, las leyes y las prácticas judiciales indica que en varios países de la Unión Europea la acción pública se basa en 

a) UN MAYOR HINCAPIÉ EN EL TRATAMIENTO QUE EN EL CASTIGO PENAL; 
b) una sensación de desproporción entre las penas de privación de la libertad (que suelen conllevar el registro de antecedentes penales) y el consumo ilícito de drogas; y, 
c) la percepción de que, en comparación con otras drogas, el cannabis es menos peligroso para la salud”.
El primer tipo de reforma legislativa que se puso en marcha en Europa –y que últimamente está tomando fuerza en América Latina– consiste en eximir a los consumidores de drogas de ser sometidos a arrestos y procesos judiciales por el consumo de drogas y por actos preparatorios como la adquisición, la simple posesión o el cultivo para consumo personal. No hay ningún argumento con fundamento científico contra las ventajas de este nivel de descriminalización. No conduce a un mayor consumo de drogas y, en cambio, sí descarga notablemente la presión a la que están sometidos los organismos de aplicación de la ley y los sistemas judicial y penitenciario.

Algunas reformas legislativas establecen umbrales cuantitativos; otras, definen la distinción en función de ciertos criterios y principios y dejan que éstos se apliquen, según cada caso concreto, a discreción de los fiscales y jueces. Otras reformas han puesto punto y final a todo tipo de penas (descriminalización total), mientras que, otras, han suprimido sólo las sanciones penales y las penas de cárcel y mantienen las sanciones administrativas o las derivaciones a servicios de tratamiento o educación. 

UNO DE LOS EJEMPLOS MEJOR DOCUMENTADOS DE LA DESCRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS ES EL CASO DE PORTUGAL. En julio de 2001, la adquisición y la posesión de drogas para consumo personal pasó de ser un delito penal a un delito menor, punible sólo con una multa o alguna otra medida administrativa, cuya aplicación depende de las llamadas comisiones para la disuasión de las toxicomanías (CDT). 
Estas comisiones están integradas por un jurista y otros dos miembros procedentes de un equipo de médicos, psicólogos, sociólogos y expertos de los servicios sociales. Las CDT han tratado una media de 500 casos mensuales. La mayoría de las sentencias dictaminaron la suspensión de las acciones judiciales emprendidas contra consumidores no adictos. En torno al diez por ciento de los casos se saldaron con una multa. La nueva ley adoptó la norma de “la cantidad necesaria para un consumo medio individual durante un período de 10 días”. 
A título orientativo, la dosis media diaria se fija, por ejemplo, en los 2,5 gramos para el cannabis y los 0,2 gramos para la cocaína.

“Estos umbrales son indicativos y no determinantes; sin embargo, mientras no haya otras pruebas que indiquen que el consumidor de drogas está implicado en delitos más graves, la posesión de drogas está despenalizada y se trata como una falta administrativa, no como un delito penal sujeto a proceso judicial”.

La descriminalización en Portugal condujo a una disminución del número de prisioneros condenados por delitos de drogas, que pasó de un porcentaje punta del 44 por ciento en 1999 a un 28 por ciento en 2005. 

El descenso del número de encarcelados por delitos de drogas contribuyó a una marcada reducción de la sobrepoblación penitenciaria. En 2005, el número de reos en el país ya no superaba la capacidad oficial de las cárceles. La importante caída de las muertes relacionadas con la heroína (de 350 en 1999 a 98 en 2003) se puede vincular con el notable aumento de los consumidores que entraron en tratamiento de sustitución. Aunque las muertes relacionadas con el consumo de otras drogas aumentaron, se registró un descenso general de las muertes relacionadas con drogas del 60 por ciento entre 1999 y 2003. 

El efecto de la descriminalización sobre los niveles de consumo de drogas es susceptible a distintas interpretaciones. El consumo de heroína bajó considerablemente, pero el de cocaína y cannabis se incrementó, especialmente entre los jóvenes, como en otros países europeos, aunque Portugal sigue estando muy por debajo de la media europea. En general, “a juzgar por prácticamente cualquier indicador, el marco de descriminalización portugués ha sido un rotundo éxito […] Los responsables de las decisiones políticas en materia de drogas del Gobierno portugués muestran una unanimidad casi total en que la descriminalización ha activado un enfoque mucho más eficaz para gestionar los problemas de adicción y otras aflicciones relacionadas con las drogas en Portugal”.

Por ese motivo, varios países han adoptado planes de derivación o tribunales especializados en drogas para abordar los delitos relacionados con drogas, a través de los cuales ofrecen a los autores de los delitos la posibilidad de elegir entre la prisión o el tratamiento (CORTES DE DROGAS). 

En los tribunales especializados en drogas que funcionan actualmente en los Estados Unidos, Canadá, Australia e Irlanda, el juez cuenta con la ayuda de un equipo de profesionales que le asesora sobre las opciones de tratamiento más adecuadas en cada caso en vez de penas que entrañen la privación de libertad. 

El Reino Unido introdujo en 1999 un ‘programa de derivación’ que ofrecía a las personas detenidas con problemas de consumo de drogas la posibilidad de recibir la ayuda terapéutica adecuada inmediatamente después del arresto. Según Tom Lloyd, ex comisario de policía, este enfoque “ofrecía a los adictos que mostraban reincidencia delictiva la posibilidad de elegir entre tratamiento y arresto. En casi todos los casos, se decantaban por el tratamiento, y a los agentes les sorprendió descubrir no sólo que el proceso ahorraba tiempo y unos recursos preciosos, sino también que se trataba de la forma más eficaz para abordar los robos con allanamiento que jamás hubieran visto”. 

Este modelo también se puso en marcha en algunos de los barrios más afectados por los delitos relacionados con drogas en algunas grandes ciudades de los Países Bajos, con resultados igual de positivos. En el Reino Unido, las opciones a disposición del sistema de justicia penal se ampliaron rápidamente para animar a los autores de delitos menores con alguna farmacodependencia a seguir un tratamiento. 

El Plan de acción de la UE en materia de lucha contra la droga obliga a los Estados miembros a establecer mecanismos concretos para proporcionar alternativas al encarcelamiento, especialmente entre los delincuentes jóvenes y consumidores de drogas.
“Esta tendencia coincide con el desarrollo de paradigmas más humanitarios en los sistemas de legislación y justicia penal, así como de modelos médicos y psicosociales de adicción más avanzados”. Encerrar a los adictos en prisión por delitos cometidos para financiar sus hábitos de consumo entraña “limitar las posibilidades de un tratamiento con buenos resultados y aumentar las posibilidades de reincidencia”. 

En los Estados Unidos se han puesto en marcha algunos programas prometedores con el objetivo de reducir la violencia del mercado de las drogas. Mediante el proyecto Boston Gun (también conocido como operación alto al fuego), se ofreció a los miembros de bandas implicados en el comercio de drogas la posibilidad de no ser procesados siempre que no incurrieran en episodios de violencia letal. Los resultados no se hicieron esperar y fueron espectaculares. 

El enfoque cada vez más punitivo se podría interpretar con motivaciones estrictamente políticas (POPULISMO PENAL, AL IGUAL QUE EN MATERIA DE SECUESTRO), ya que no ha tenido ningún impacto en la oferta de drogas ni en las cifras de prevalencia. 

Según una investigación exhaustiva sobre la política de encarcelamiento realizada para el gobierno canadiense, los delincuentes enviados a prisión mostraban las mismas probabilidades de reincidencia que aquellos que recibían sentencias alternativas de servicio a la comunidad, y aquellos con penas de prisión más largas tenían más probabilidades de volver a delinquir una vez cumplida la sentencia que aquellos con penas más cortas.

Todos los estudios efectuados en este campo revelan la falta de eficacia de las penas de prisión largas, especialmente entre las personas que han infringido las leyes de drogas sin incurrir en violencia. Paralelamente, la capacidad del sistema judicial se ve desbordada muy por encima de sus propios límites, lo cual lleva a la lentitud de los procedimientos, a largos períodos de detención preventiva y a la sobrepoblación de los centros penitenciarios. Una preocupación adicional es que las reformas legislativas a favor de la descriminalización de los consumidores regularmente se hacen políticamente aceptables a cambio de que se aumentan los niveles de castigo por el tráfico a pequeña escala, como sucedió en México, por ejemplo.

Las legislaciones o jurisprudencias están estableciendo también cada vez más criterios para distinguir entre comercio a pequeña escala o narcomenudeo, el transporte o correo, el comercio a mediana escala y el tráfico organizado, teniendo también en cuenta el grado de responsabilidad del delincuente en la cadena de tráfico, sus ganancias y los motivos que lo indujeron a participar en él. Estos criterios varían enormemente según el país y seguirán sujetos a muchas diferencias en los principios jurídicos nacionales. 

Hay dos ejemplos recientes que cabría resaltar de visionarios en este sentido y que apuntan a cambios más radicales en las estrategias para abordar el transporte de drogas a pequeña escala. A fines de 2008 y principios de 2009, se excarceló en Ecuador a más de 2,000 personas que cumplían penas por tráfico de drogas. Este “indulto de mulas” se dirigió a un grupo concreto de reos que eran víctima de la legislación desproporcionada que llevaba vigente en el país durante muchos años. Con esta medida, el gobierno de Rafael Correa dio un gran paso en el proceso de reforma de unas leyes draconianas y de solución de la crisis penitenciaria. Las nuevas propuestas legislativas que se están elaborando en estos momentos deberán tener en cuenta el precedente judicial del indulto de las mulas. Los criterios que se establecieron para acogerse a la medida fueron: no tener una condena previa en virtud de la ley sobre drogas; arresto por posesión de un máximo de dos kilos de cualquier tipo de estupefaciente; haber cumplido con un diez por ciento de la sentencia o con un mínimo de un año.

El segundo ejemplo es la forma en que los Países Bajos intentaron abordar entre 2003 y 2005 el enorme aumento en la llegada de personas que actuaban como correos de cocaína (la mayoría de ellas con bolas en el estómago) al aeropuerto de Schiphol procedentes de las antillas neerlandesas. 

En opinión de los jueces, todas las drogas que llegaban al aeropuerto se debían confiscar, pero las personas que los transportaban podían volver a su país de origen a no ser que portaran cantidades muy elevadas o fueran reincidentes. El enfoque, por lo tanto, se pondría en la confiscación de los estupefacientes y no en la acusación o detención del correo. 

Las prácticas de reducción de daños se están extendiendo rápidamente, incluso en países con leyes de lucha contra las drogas muy rígidas. China, por ejemplo, activó programas de intercambio de agujas hace varios años y cuenta con tener un millar de clínicas de metadona en pleno funcionamiento para finales de la década. 

Países como Irán, Pakistán y Vietnam están también gestionando abiertamente servicios básicos parecidos. El gobierno federal de los Estados Unidos mantiene desde hace años una cruzada ideológica contra la reducción de los daños, a pesar de que muchos estados y ciudades ofrecen programas de intercambio de agujas y de tratamiento de sustitución con opiáceos.

A pesar de ello, se ha demostrado que el consenso que ha impulsado la prohibición mundial de las drogas durante todo un siglo se ha resquebrajado. Y llevan a esperar que puede que tengamos una política más matizada en los próximos años; una política que otorgue a los países la flexibilidad necesaria para poner en práctica la política en materia de drogas que mejor se adapte a sus necesidades, en lugar de verse constreñidos por el rígido enfoque de ‘una sola fórmula para todos’ que durante tanto tiempo tan poco nos ha servido.

Debemos seguir demostrando por qué la forma más eficaz de abordar el consumo de drogas pasa por asumirlo como un desafío de salud pública y por qué los enfoques punitivos que criminalizan a los consumidores, agotan los recursos de los organismos de aplicación de la ley y sobrecargan los sistemas judicial y penal, son vanos y contraproducentes.

CONCLUSIONES 

1.- Décadas de estrategias basadas en el encarcelamiento generalizado y el constante aumento de la severidad de las penas (endurecidas con las disposiciones de la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes de 1988), las pruebas indican que las medidas de aplicación de la ley no son un medio eficaz para limitar el alcance del mercado de las drogas ilícitas.

2.-La aplicación excesivamente represiva del régimen prohibicionista mundial ha provocado un gran sufrimiento humano, truncando la vida de muchas familias e imponiendo a los condenados penas desproporcionadas en unas condiciones penitenciaras a menudo terribles. 

3.- También ha sobrecargado el sistema judicial y la capacidad de las prisiones, y ha absorbido una cantidad enorme de recursos que se podrían haber destinado a tratamientos más eficaces, programas de reducción de los daños y prevención de la delincuencia, y a poner un mayor énfasis en la delincuencia organizada y la corrupción.

4.- En lo que se refiere a los delitos de tráfico ilícito, los pocos ejemplos que existen en que se hayan bajado notablemente la severidad de las penas para los eslabones más bajos de la cadena merecen toda la consideración y el debate internacional para compartir y perfeccionar el pensamiento actual sobre la delimitación de los niveles de comercio y la proporcionalidad de las sentencias. 

5.- A pesar de la imagen de estricta prohibición en el ámbito federal en los Estados Unidos, lo cierto es que algunas de las buenas prácticas de descriminalización del cannabis y de reducción de los daños se han puesto en marcha en este país a escala local y estatal. Aunque los Estados Unidos han exportado con gran éxito su modelo punitivo de tolerancia cero al resto del mundo, el gobierno federal la ha tenido muy difícil para aplicar su propia política en su propio territorio. 

A pesar de las importantes diferencias entre distintos condados y ciudades, el “modelo californiano”, que exime de sanciones penales el consumo de cannabis con fines medicinales y permite a los usuarios “poseer, cultivar y transportar” cannabis siempre que se emplee con fines terapéuticos y cuente con receta médica, se ha convertido en algo cercano a la legalización de facto.

MÈXICO NO PUEDE CERRAR LOS OJOS Y PRETENDER IGNORAR ESTA REALIDAD. 

Jesús Ortega Martínez