¿Reivindicar la política con un mandamiento religioso?

Por Jesús Ortega Martínez

Nuestra Constitución establece que las leyes civiles son las que deben normar el comportamiento de los gobernantes y de los gobernados...

 El partido Morena ha obtenido su registro para participar en las elecciones y para ello, como ordena la ley, ha presentado su declaración de principios.

Me llama la atención, especialmente, la convicción de tal partido “de reivindicar a la política” mediante el principio “del amor al prójimo”. Es de tomarse en cuenta esto, pues este principio es indubitablemente de carácter religioso: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues no existe otro mandamiento mayor que este” (Marcos 12,31). “No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Levítico 19,18).

Podría citar otros textos religiosos que reivindican “el amor al prójimo” como un mandamiento de Dios, y estoy seguro de que nadie pondría en duda que ese principio de Morena es —literalmente— de carácter TORAL (Rabí Akiva dijo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo, éste es el gran principio de la Torá”) y, como se sabe, el prójimo era sólo aquel que pertenecía al  “pueblo elegido”.

Lo que sí debiera hacernos dudar a todos es lo siguiente: ¿Se puede reivindicar a la política mediante la propagación y aplicación de principios religiosos?

¡También estoy seguro que no!

Esta certidumbre la obtengo, en primer término, de la historia de muchos países —incluido el nuestro— que han padecido teocracias (gobiernos que se guían por principios religiosos) y que, contrario a reivindicar a la política, lo que hacen es defenestrarla, anularla, eliminarla.

Así sucedió en México en el siglo XIX cuando el Partido Conservador pretendió que principios religiosos sustituyeran a las leyes civiles, las cuales tienen origen, precisamente, en la razón política.

El Partido Conservador, en su pretensión de que México fuese guiado por preceptos religiosos, se convirtió en expresión diáfana de la antipolítica.

Nuestra norma fundamental, nuestra Constitución, no mandata el amor al prójimo como sí lo hace la Biblia. En sentido diferente, determina la igualdad jurídica para todos los mexicanos, establece la obligación del Estado de impartir justicia y de garantizar el ejercicio de derechos y el bienestar social y económico para todas y todos los mexicanos.

Nuestra Constitución establece que las leyes civiles son las que deben normar el comportamiento de los gobernantes y de los gobernados, pero además obliga —por la condición laica del Estado mexicano— a que cualquier fundamento religioso no pueda sobreponerse o sustituir a las leyes civiles.

Karl Popper decía que “la irracionalidad insiste en que son las emociones y las pasiones más que la razón, las fuentes inspiradoras de la acción humana”. Siguiendo a Popper, el amor es una emoción y en muchos casos una pasión, pero no olvidemos que el odio es igualmente una emoción y una pasión que —en innumerables ocasiones en la historia de la humanidad— ha conducido a terribles tragedias de violencia y sufrimiento. Por ello mismo, Popper decía que “quienes enseñan que no debe gobernar la razón sino el amor, abren las puertas a aquellos que sólo quieren y pueden gobernar por el odio”.

Puede ser encomiable predicar el amor al prójimo, pero ello no puede y no debe anular a la razón política. 

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" Menores migrantes: una crisis humanitaria"

Por Jesús Ortega Martínez

Casi la totalidad de las niñas, niños y adolescentes que migran solos y por vías irregulares lo hacen sin una protección social o legal, y sin ser conscientes de sus derechos como emigrantes cuando viajan a través de diferentes países.

México y sus vecinos sufren actualmente una crisis humanitaria de gran magnitud: la migración masiva de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

Las causas de su emigración son variadas y complejas, pero la mayoría lo hace con la esperanza de reunirse con sus padres, adquirir mayores oportunidades económicas o para escapar de la violencia y la explotación que sufren en su lugar de origen.

Casi la totalidad de las niñas, niños y adolescentes que migran solos y por vías irregulares lo hacen sin una protección social o legal, y sin ser conscientes de sus derechos como emigrantes cuando viajan a través de diferentes países.

En este contexto, las y los menores son especialmente vulnerables a ser víctimas del endurecimiento de las políticas migratorias, la xenofobia, la discriminación, el secuestro y  la extorsión por parte del crimen organizado o de las autoridades, así como a la trata de personas con propósitos laborales o sexuales.

Grave resulta, asimismo, que a estos menores se les trate como criminales, ya que su detención y encarcelamiento por ser su situación irregular, tanto como resultado de un ingreso ilegal como de la falta de un permiso de residencia, va en aumento.

Como es evidente, esta situación no sólo es violatoria de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política mexicana y en la Bill of Rights estadunidense, sino que también viola diversos instrumentos internacionales, principalmente la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual es vinculante para ambos países.

La Convención sobre los Derechos del Niño protege a todos los menores sin discriminación alguna. Se aplica a todos los niños, niñas y adolescentes en un Estado, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria. Los principales derechos que amparan a la niñez y adolescencia migrantes de esta Convención son: la garantía de debido proceso en la política migratoria; el derecho inalienable a vivir en familia (derecho a la unidad o reunificación familiar); el respeto de los derechos sociales, económicos y culturales de niños, niñas y adolescentes migrantes con políticas específicas para atender sus necesidades de protección y desarrollo; y la vigilancia del destino de las remesas a fin de optimizar su impacto positivo en la calidad de vida de niños y niñas.

Destacan también el derecho a la identidad, nacionalidad y a la protección frente a la detención y criminalización en el marco de la migración infantil y adolescente.

El Estado mexicano está obligado a atender esta crisis desde su raíz, generando las condiciones para el goce y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de la niñez y la adolescencia. Asimismo, está obligado a exigir a Estados Unidos respeto a la Convención sobre los Derechos del Niño, así como a respetarla en nuestro territorio, independientemente de la nacionalidad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en nuestro país.

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INTERVENCIÓN DE JESÚS ORTEGA MARTÍNEZ. Consejo Internacional Socialista. Tema: Nuestro trabajo por fortalecer y profundizar la democracia

En 1989 Francis Fukuyama sentenció que habíamos llegado al “fin de la Historia”. 
Se derrumbaba el muro de Berlín y según Fukuyama se derrumbaban las ideas del Socialismo. 

Con este hecho, el motor de la historia, decía Fukuyama, dejaba de existir y solo quedaba, como la única alternativa, lo que el filósofo norteamericano llamaba, “la democracia liberal” que resolvería los grandes problemas de la humanidad a través de la economía del mercado. 

Apenas 19 años después de su anuncio sobre el “fin de la historia”, la economía de mercado experimentó un colapso de tal magnitud y de tales daños que son, quizás, mayores que los vividos como consecuencia de la gran depresión de los años 30s del siglo pasado. La crisis capitalista de 2008 ha ocasionado, como nunca antes, mayor pobreza para miles de millones de seres humanos, mayor desigualdad y sobre todo mayor concentración de la riqueza mundial en manos de unos cuantos. 

Es decir, no hubo tal fin de la historia; no aparece la democracia liberal como el punto de llegada final, ni la economía de Mercado como la respuesta final y única a los problemas de la humanidad. 

Como si nos hubiéramos regresado en la historia, ahora mismo, la economía del libre mercado y la “democracia liberal” reciben a diario y por miles de millones de personas en todo el mundo, los mas severos cuestionamientos, sobre todo en aquellas naciones que en 1989 se habían alzado como el símbolo de la victoria definitiva en la lucha de las ideologías. 

Y de nueva cuenta, ahora mismo, los liberales debaten no solo sobre los 
contenidos de la economía, sino de manera principal sobre que tipo de 
democracia es la que se requiere para superar las tremendas crisis de 
representatividad que ahora experimentan tales “democracias liberales”. 

Pero igual que ellos, los socialistas, debatimos, en el mundo entero, esencialmente lo mismo, es decir, sobre la economía, sobre el Estado y sobre la democracia que se necesita para construir las sociedades de justicia y libertad. 

Por ejemplo,¿Puede ser alternativa para los socialistas, una democracia que como sucede en algunos países, anula derechos humanos fundamentales como los de pensar diferente o disentir del poder establecido? 

¿Es alternativa viable una democracia sustentada en anacrónicos nacionalismos o sostenida en populismos demagogicos? 

¿Se pueden admitir como democráticas aquellas decisiones, que blandiendo atrasados principios de soberanía, niegan a las personas el derecho de migrar en búsqueda de una vida digna? 

¿Se puede hablar de democracia cuando esta se limita a elegir, periodo tras periodo, a representantes que cada vez representan a menos ciudadanos? 

¿Son democráticos aquellos sistemas de gobierno que resultan incapaces de garantizar al conjunto de las personas el ejercicio de derechos sociales básicos como salud, empleo, vivienda, educación? 

¡En realidad el paradigma de la llamada democracia liberal esta mostrando, en todas partes, sus incapacidades y esta evidenciando, por sus limitaciones que no es el modelo de democracia por el que debemos luchar los socialistas.! 

En sentido diferente, los socialistas debemos ir mas allá de la democracia 
representativa para ampliar sin temores, sin demasiadas reservas, las formas de democracia directa y participativa; Entender los socialistas, que el sistema de partidos siendo indispensable no es suficiente y que debemos explorar formas de representación social que se complementen con las formas de representación política; Que las formas de representación democrática deben rebasar las fronteras nacionales para crear instancias verdaderas, autenticas, genuinas, de toma de decisiones políticas ante problemas supra nacionales como los del medio ambiente, la seguridad de las personas, la economía, las migraciones, etcétera, 
etcétera. 

Es cierto que la acción política de los socialistas tiene un déficit de cultura 
democrática, pero sobre todo su déficit esta principalmente localizado en su pobre y débil programa de derechos democráticos ciudadanos y sociales. Un déficit programático sostenido hasta ahora en concepciones anacrónicas de procedimentalismos formales de democracia meramente representativas y ortodoxamente neoliberales. 

Como sabemos, la socialdemocracia fue definiendo su perfil político a partir de confrontar, de contrastar con otras fuerzas políticas de izquierda y de derecha, el falso dilema de democracia o bienestar social. La socialdemocracia rehuyó, correctamente, la disyuntiva errónea de libertad o igualdad social. No fue la democracia a costa de la igualdad ni la igualdad a costa de la democracia. 

Esas visiones absolutistas de democracia o justicia social; de libertad o igualdad social correctamente confrontadas por la socialdemocracia en el mundo debemos seguir desechándolas pero también debemos repudiar otras La falsas disyuntivas que ahora, en el siglo XXI, se le presentan a los socialistas. Por ejemplo la democracia formal o caudillismos populistas . Esta disyuntiva, muy presente en Latinoamérica es igualmente errónea. 

En sentido diferente, los socialistas debemos mantener los principios libertarios e igualitarios, pero nuestra concepción democrática debe ir mas allá de las meras formas de la democracia representativa y de los limitados derechos ciudadanos que ahora debilitan a la democracia liberal. 

Por ello debemos, los socialdemócratas poner énfasis el contenido social que debe tener la democracia. O la democracia contribuye a terminar con la pobreza, con la desigualdad, con la injusticia o no lo será. De no hacer ello, la socialdemocracia podría agudizar síntomas de atrofia. 

Jesús Ortega Martínez

El poder de Televisa y la debilidad del gobierno

Por Jesús Ortega Martínez

Desde hace unas semanas, algunos periodistas han asumido el papel de voceros de Televisa para lanzar una ofensiva política en contra del PRD y particularmente en contra de su presidente nacional, Jesús Zambrano, y de todos aquellos dirigentes y líderes partidarios identificados con Nueva Izquierda (Los Chuchos, como se nos identifica coloquialmente).

Las causas de tales ataques son varias, pero identifico dos principalmente. La primera tiene que ver con que el PRD y principalmente Nueva Izquierda, fuimos los promotores e impulsores de la reforma constitucional en materia de competencia económica y la respectiva en materia de telecomunicaciones. Tan es así, que hasta los más acérrimos críticos del Pacto por México ahora reconocen la valía y la trascendencia de tales reformas constitucionales, al grado de que su discurso crítico contra las leyes secundarias se sustenta en que éstas se desapegan o contradicen el texto constitucional reformado.

A Telmex, a Televisa y a sus respectivos socios, no les agradó, desde luego, ninguna de las mencionadas reformas constitucionales y ahora están utilizando todos sus recursos para echarlas abajo o, en su caso, hacerlas inservibles. Uno de esos recursos —y  la segunda causa de los ataques de Televisa al PRD— es nuestra resistencia a aprobar las leyes secundarias, y esto es así debido a que precisamente en varios de sus artículos y en la propia exposición de motivos contradicen lo alcanzado en la reforma constitucional en telecomunicaciones.

Sí se utilizó la fuerza del Estado para imponer a los monopolios (los poderes fácticos) las mencionadas reformas  constitucionales,  y ello se hizo con el propósito de impedir que continuaran controlando la economía del país; con la reforma secundaria en telecomunicaciones, los poderes fácticos, es decir, los monopolios, están haciendo valer todo tipo de presiones para doblegar al gobierno priista y al Estado mexicano.

La estrategia mediática de Televisa consiste en colocar el debate en una falsa disyuntiva en donde partidos, dirigentes políticos y legisladores que están por que prevalezca —en la ley secundaria— la sustancia de la reforma constitucional, son (dicen perversamente) favorables a Telmex y a Slim.

Esta estrategia contradice totalmente las concepciones y los objetivos en que se apoyó la elaboración de la reforma al artículo 28 constitucional y en donde se buscó, siempre, contener y eliminar al conjunto de monopolios, incluyendo a los de telecomunicaciones y radiodifusión (Telmex, Telcel, Televisa-Azteca y otros).

Por ello mismo, es que el grupo parlamentario del PRD en el Senado votó en contra de la ley secundaria; porque ésta contradice —en varias partes a la Constitución— y porque había que enfrentar la estrategia mediática de Televisa o de Telmex.

Seguirán los de Televisa con sus ataques a través de sus empleados disfrazados de periodistas o de legisladores cooptados del PVEM, del PRI y algunos del PAN, pero ello mismo dará cuenta ante la población de qué partidos fueron realmente consecuentes en la acción política de combate a los monopolios.

En ese sentido, resulta lamentable que el gobierno priista haya cedido a las presiones de algunos de los poderes fácticos.

Ello es prueba del poder de éstos, pero también exhibe al gobierno en su debilidad y en su peligrosa inconsistencia, misma que finalmente a quien daña es al conjunto del país.

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LA LEY DE TELECOMUNICACIONES QUE QUEREMOS

Queremos una ley con una perspectiva transversal de derechos humanos que garantice la libertad de expresión, los derechos a la información y comunicación, de acuerdo a los estándares internacionales. La ley propuesta por el Estado mexicano olvida garantizar el servicio público de las telecomunicaciones y la radiodifusión, permite la censura previa, viola el derecho a la privacidad y sólo garantiza los derechos de las empresas y no los de la ciudadanía.

La iniciativa gubernamental que actualmente se discute en el Congreso va en contra de lo establecido en la Constitución y representa un retroceso para el ejercicio de nuestras libertades que tanto trabajo nos han costado adquirir como sociedad. Las leyes secundarias en telecomunicaciones deben de preservarlas y agregarles progresividad tal como lo plantea el artículo 1º de nuestra Carta Magna.

La ley en la materia que queremos debería al menos contemplar:

DERECHOS DIGITALES Y COLABORACIÓN CON LA JUSTICIA

1. Queremos que Internet sea un espacio abierto, plural y equitativo. Aunque el principio de neutralidad de la red lo garantiza, el artículo 146 lo vulnera al establecer un régimen de discriminación del tráfico de Internet con criterios comerciales, en perjuicio de la innovación, el bolsillo de los consumidores y la libertad de expresión. Además queremos que cualquier persona decida a qué contenidos, aplicaciones y servicios en Internet desea acceder sin que autoridades o empresas interfieran con ese derecho. 

2. Queremos que se respete el derecho a la privacidad de las y los ciudadanos. Rechazamos que alegando la colaboración con la justicia, se permita la recolección indiscriminada de datos de todas y todos los usuarios, incluyendo su geolocalización, se amplíen las facultades de vigilancia de las comunicaciones y que no se establezcan controles como el control judicial, la supervisión independiente y la transparencia para evitar el abuso.

3. Una ley en la cual el bloqueo de señales de telecomunicaciones aplicado a segmentos del público no puede estar justificado en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional.

4. La reforma constitucional señala que “El Estado garantizará a la población su integración a la Sociedad de la Información y el Conocimiento” para lo cual se requiere, además de una política de inclusión digital universal, que construya una agenda digital, que contemple alfabetización digital y mediática, educación para los medios y ciudadanía participativa que permita a todas y a todos, especialmente a niños y niñas, acceder realmente a la información que se encuentra en las redes.

5. Es un derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, la libre elección del software para atender sus necesidades de cómputo, por tanto es una obligación del Estado promover y garantizar la observancia de interoperabilidad tanto en los sistemas públicos, como en servicios de proveedores privados, a través de estándares abiertos y formatos libres de intercambio de información. Consideramos que la ley debe ser congruente con los avances en normatividad y política pública en el ámbito internacional para la adopción de software libre, y que éste es muy importante para el conjunto de los procesos educativos y el desarrollo de capacidades nacionales. 

DERECHOS DE LAS AUDIENCIAS

6. Queremos que los usuarios y las audiencias estén en el centro de la regulación. El Estado no puede claudicar en su obligación de proteger a las audiencias por lo que exigimos que se modifique el artículo 257 que deja estos derechos a criterio, desarrollo y cumplimiento opcional de los medios. El IFT debe de tener suficientes facultades para tutelar esos derechos.

7. Queremos que el derecho de acceso a la información de las personas con discapacidades sea garantizado, recordando que el artículo 4 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad impone la obligación al Estado mexicano de tomar todas las medidas necesarias, incluyendo las legislativas, para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. La legislación debe incluir las medidas para que las telecomunicaciones y la radiodifusión sean accesibles a todas y todos tales como subtitulado e intérprete en Lengua de Señas Mexicana en contenidos audiovisuales, servicio de relevo de comunicaciones, páginas de internet accesibles, acceso a servicios de emergencia a través de mensajes de texto y videoconferencia, y que la accesibilidad de los servicios se adapte a los cambios tecnológicos. 

8. La perspectiva de género tiene que ser transversal. Es necesario promover que los contenidos no reproduzcan la objetivización de las mujeres ni conductas sociales que resulten discriminatorias. Es necesario un observatorio de medios dentro del IFT y que se establezcan políticas públicas que favorezcan la creación de infraestructura y de medios administrados por mujeres. 

9. La ley que queremos debe asegurar que niñas, niños y adolescentes estén protegidos en sus derechos informativos; no aceptamos una ley que no garantice que los medios de comunicación cumplan con el artículo 4º constitucional que plantea el interés superior de las y los niños. No aceptaremos una ley que no asuma la obligación de los medios públicos de producir contenidos de calidad nacionales y regionales, con productoras independientes, adecuados a los distintos sectores de población compuesta por niños y niñas, y con espacio para el ejercicio de su libertad de expresión. Tampoco aceptaremos una ley en donde el IFT no asuma su responsabilidad frente a los derechos de las y los niños; este Instituto debe vigilar la publicidad dirigida a niños y niñas, crear políticas públicas para generar contenidos de calidad y construya una agenda digital que permita a nuestros niños y niñas aprovechar las posibilidades del Internet en la sociedad de la información y el conocimiento.

10. La televisión digital es la oportunidad para haya más señales, entren nuevos competidores y se fortalezca el desarrollo de medios de uso público y social, comunitario e indígena, pero la iniciativa del gobierno le da la mayor parte de las nuevas señales, producto de la multiprogramación, a los mismos dueños, y no establece ningún límite a la concentración de medios.

11. Las reglas para limitar los abusos de las empresas son indispensables para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad de contenidos y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones. La iniciativa del gobierno no limita los abusos en los mercados de televisión abierta y en televisión restringida, dejándonos a merced de los más poderosos.

12. Queremos un sistema de medios plural en el que quepan todas las voces en las distintas plataformas como televisión abierta, restringida, televisión móvil e internet. La iniciativa del gobierno no pone límites eficaces a la propiedad cruzada y permite que los monopolios sigan dominando varias plataformas y por lo tanto, al sistema de medios del país. Al determinar la preponderancia sólo por sector y no por mercados, permite que los monopolios de radiodifusión sigan creciendo.

13. Porque es necesario tener información y puntos de vista plurales que den cabida a todas las voces, exigimos una ley que fortalezca a la producción nacional independiente, obligando a que los medios les contraten y transmitan al menos un 20% de producción nacional independiente. La iniciativa del gobierno, tiene una definición engañosa que reconoce como independientes a muchos productores relacionados con los grandes medios como Televisa, además de que penaliza a la audiencia con más publicidad para aquellos medios que incluyan producción independiente.

MEDIOS PÚBLICOS

14. Porque en toda sociedad democrática deben existir medios públicos fuertes, independientes y plurales, a cargo de instituciones del Estado, estos medios deben permitir participación ciudadana en sus barras programáticas y en sus consejos consultivos. Queremos que la ley dé a estos medios herramientas para no depender únicamente del presupuesto oficial sin ninguna independencia editorial, sino permitirles comercializar para que crezcan, produzcan, y apoyen a la producción independiente.

MEDIOS SOCIALES, COMUNITARIOS E INDÍGENAS

15. Los medios sociales son diferentes de los medios públicos; son medios operados por grupos sociales independientes de cualquier institución del Estado, incluida la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Queremos más medios diversos que respondan a las necesidades de la ciudadanía, por ello hay que reconocer en la legislación a los medios de tipo social, comunitarios e indígenas, estableciendo un procedimiento equitativo, claro y viable para que las comunidades puedan acceder a las frecuencias.

16. Los medios sociales no tienen un techo presupuestal público, por lo tanto necesitan de la venta de publicidad para poder sobrevivir en condiciones dignas para los y las comunicadoras comunitarias. Comercializar no es lo mismo que lucrar.

17. Queremos que nadie sea encarcelado o criminalizado de ninguna forma por abrir una emisora de uso social, comunitario o indígena. La ley plantea sanciones tan desproporcionadas en este rubro que se convierten en mordazas para acallar a las voces incómodas 

PUBLICIDAD OFICIAL, TIEMPOS FISCALES Y DE ESTADO

18. Queremos que los gobiernos dejen de gastar millones de pesos de nuestros impuestos en comprar ilegalmente propaganda para autopromocionarse en radio y televisión. Se utilizan recursos públicos para premiar o castigar a medios y periodistas. Los mensajes de los gobiernos deben ser informativos, no propagandísticos y deben difundirse sólo en los tiempos fiscales gratuitos que ya existen y que la iniciativa del Ejecutivo quiere retirar. El artículo 252 da “hasta” 30 minutos de tiempo gratuito por concesión. Eso no considera los tiempos fiscales de 18 minutos en Televisión y 35 minutos en radio, lo que junto a los 30 minutos que se dispone, suman hoy 65 minutos en radio y 48 en televisión privada. De prosperar la iniciativa quedarían sólo 30 minutos en cada emisora. Todo esto significa que el Estado tendrá menos tiempos gratuitos para difundir mensajes institucionales en emisoras de radio y televisión pero no menos gasto en publicidad gubernamental. Por ello también es urgente que el Congreso emita una ley que regule la publicidad oficial.

La iniciativa también afecta los tiempos gratuitos en tiempo electorales que implicaría ir en contra de la obligación individual de cada concesión a transmitir promocionales electorales locales y no uno mismo para todas las repetidoras, con lo cual impediría la posibilidad de difundir mensajes electorales focalizados y afectaría a las candidaturas independientes locales, entre otras afectaciones

Nos encontramos en un momento determinante, por lo que como grupos y colectivos de la sociedad, los abajo firmantes exigimos al Congreso y a los partidos políticos a que legislen bajo su mandato de garantizar el bien común, la libertad de expresión, el derecho a la información y a la comunicación con el objetivo de privilegiar los derechos de la ciudadanía sobre cualquier otro interés particular.

La ley secundaria que se está debatiendo en el Congreso debe tomar en cuenta los 18 puntos enumerados en este documento para refrendar de manera clara el compromiso de nuestros gobernantes en limitar la concentración y los monopolios, garantizar la independencia del regulador, defender la neutralidad de la red y, de esta manera, fomentar más pluralidad, competencia, transparencia, calidad y diversidad en las telecomunicaciones y radiodifusión. De no ser así, esta reforma pondría en riesgo nuestros derechos y democracia.

Firmantes: 

…y las mujeres qué?; 1111mx; A favor de lo mejor; Adriana Solórzano (IMER); Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones; Ajusco Radio; AlConsumidor A.C.; Alianza Cívica; Alianza Internacional de Habitantes (Veracruz); Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (AlianzaMx); Amigos la revista; Arena Ciudadana; Ariadna Saavedra; Artículo 19; Asamblea Comunitaria Miravalle; Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI); Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México (Amarc-Mx); Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC); Baltimore Beltrán (actor); Bárbara Anderson Font (periodista); Beatriz Solís de Radio Educación (Radio Educación); Bufete de Estudios interdisciplinarios A. C.; Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País; Católicas por el Derecho a Decidir A.C.; Centro Cultural Esperanza Rodríguez, A.C.; Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales, Babel Sur, A.C.; Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Ciudadanos en Medios, Democracia e Información; Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA); Clóset de Sor Juana, A.C.; Coalición de Personas Sordas del Distrito Federal (CoPeSor); Coalición México por los derechos de las personas con discapacidad (COAMEX); Colectivas, A.C.; Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA; Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE); Colectivo de Apoyo a Personas Migrantes – COAMI; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha AC (CODIGO DH); Colectivo por el Derecho a la Comunicación (CODEC); Colectivo Yehcoa (Estado de México); Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Comité Jurídico y de Derechos Humanos CoJuDH132; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Comunicación Comunitaria A.C; Comunicación e Información de la Mujer, A.C (CIMAC); Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C.; Contingente MX; Cooperativa Primero de Mayo Enlace Popular; Cuerpo Académico Sociedad y Región; Cultura Ecológica; Daniel Gershenson (defensor de derechos humanos); Daniel Giménez Cacho (actor); Discapacitados Visuales IAP; Educando en los Derechos y la Solidaridad, A.C. (EDUCADYS); El Colectivo por la Transparencia; El Grito Más Fuerte; El Poder del Consumidor: El Taller: Centro de Sensibilización y Educación Humana A.C.; Equipo Pueblo; Feminicidios ¡Nunca Más!; Freedom House; Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Fundación para la Democracia, Alternativa y Debate A.C.; Fundación Quinta Carmelita; Gabriel Sosa Plata (MVS); Gabriel Soto (defensor de derechos humanos); Gente Diversa; Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC); Grupo de Estudios Ambientales GEA, A.C.; Ilse Salas (actriz); Ímpetu Centro de Estudios, A.C.; Iniciativa Sinaloa; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. Katia D’Artigues Beauregard (periodista); La Banda No Discrimina; Laura Imperiale (productora de cine); Más de 131; Mojiganga Arte Escénico; Natalia Beristain (actriz); Periodistas de a pie; Pobladores A.C. (Veracruz); Propuesta Cívica, A.C.; Red Cívica Veracruzana, A.C. (RECIVE); Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D); Red de Formación en Derechos y Posibilidades de la Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco; Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” [(Agenda LGBT (Estado de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo”, A.C. (Jacala, Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino”. (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Coahuila); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C (Chiapas); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chihuahua); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. – KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional “Justicia, Paz y Vida” (Distrito Federal); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo,Hgo.); El Caracol A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C.; Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, – Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (Distrito Federal); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)]Revista Hashtag: Ririki Intervención Social, S.C.; Sandra Patargo (defensora de derechos humanos); Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ); SocialTic A.C.; Sonora Ciudadana; Sophie Alexander- Katz (actriz); Vía Orgánica, A.C.

Texto original:  http://laleyquequeremos.com/

Conflictos de interés en ciertos senadores y en algunos periodistas

Por Jesús Ortega Martínez

En el periodismo, la crítica hacia la política le es consustancial. No podría entenderse a un periodista profesional si éste no estuviera observando, analizando y criticando a las y los políticos.

Por ello, nadie debería alarmarse y menos sorprenderse ante eventos como el que se presentó recientemente con la diputada Carpinteyro y que haya suscitado un alud de críticas desde varios frentes periodísticos.

Pero pienso que el análisis y la crítica hacia la política nacional, si no contempla el análisis del periodismo que hace política y que lo hace con la misma pasión con que lo realizan los políticos profesionales, será incompleto.

Los políticos, obviamente, enarbolan o defienden ideas, convicciones, programas partidistas y, desde luego, intereses económicos y sociales que se identifican con su orientación ideológica. Igualmente hay políticos que, con el gafete de periodista, enarbolan y defienden ideas, convicciones ideológicas, programas partidistas y, desde luego, determinados intereses económicos y sociales.

Veamos que en el tema de telecomunicaciones y específicamente en el asunto de cómo definir quién es un agente económico preponderante, la posición política del senador Javier Lozano, del Partido Acción Nacional, es diáfana en la defensa de los monopolios en televisión o en telefonía y, en cierto sentido, la claridad con que lo plantea se le agradece, pero quizá más poderosa que la opinión del senador Lozano, es la de los políticos-periodistas-políticos que actúan en, por ejemplo, el programa Tercer Grado de Televisa.

Es correcto, opino, que los periodistas localicen y señalen a legisladores que tienen o podrían tener “conflicto de interés” y, sin embargo, lo deleznable del trabajo de algunos periodistas-políticos o políticos-periodistas es que (por intereses económicos o políticos) se resisten a señalar a tod@s los legislador@s que mantienen o pudieran mantener conflictos de interés.

Raymundo Riva Palacio hace bien en criticar el conflicto de interés en el que se situó la diputada Purificación Carpinteyro, pero ¿qué opina Riva Palacio de los conflictos de interés en que incurren los diputados Antonio Cuéllar, del PVEM, exdirector jurídico de Televisa; el diputado Enrique Cárdenas del PRI, accionista de la Organización Radiofónica Tamaulipeca; el diputado Javier Orozco, del PVEM y exabogado general de Televisa?

O de la senadora del PVEM, Ninfa Salinas; de la senadora Areli Gómez, del PRI, y del senador Luis Armando Melgar, del PVEM,  presidente de Fundación Azteca en Chiapas.

Hay otros más que son empleados, directivos de las empresas, pero también los hay que son concesionarios del espectro del Estado para trasmitir por radio y televisión.

¿Tienen todos estos y otros más conflicto de interés? Evidentemente, pero para algunos políticos-periodistas estos legisladores de la llamada “telebancada” no son mencionados como parte de un claro conflicto de interés.

¿Por qué esto? Porque en lugar de informar con veracidad, algunos periodistas prefieren defender los intereses de ciertas empresas involucradas en el litigio político-legislativo-económico que implican las reformas a leyes secundarias en materia de telecomunicaciones. Algunos, no lo desconozco, lo harán defendiendo ideas, pero otros lo hacen defendiendo simplemente los intereses de los monopolios.

Fue necesario que la diputada Carpinteyro se excusara de participar en la discusión en Telecom, pero ¿cuándo?, me pregunto, se excusarán Emilio Gamboa, Antonio Cuéllar, Javier Orozco, Javier Lozano, Ninfa Salinas, Areli Gómez y otros senadores y diputados que visiblemente “tienen conflicto de interés”.

Dice Raymundo Riva Palacio que excusarse de una discusión en donde hay conflicto de interés es una norma establecida en el Reglamento General del Congreso de la Unión. ¡Bien! Entonces muchos más legisladores deben excusarse de intervenir en tal debate y votación.

Ojalá que los periodistas más atendidos, más vistos y más escuchados actuaran con profesionalismo y demandaran a los presidentes de los partidos en donde se ha incrustado la “telebancada” que actúen en consecuencia, es decir, que se excusen de participar en el debate de Telecom porque tienen conflicto de interés.

Twitter:  @jesusortegam

http://ortegajesus.blogspot.com/