“OTRA VEZ LOS PLURIS”

POR JOSÉ WOLDENBERG

 

Creí ingenuamente que el Presidente y el PRI se habían olvidado del tema de las fórmulas de integración de las Cámaras del Congreso para construir mayorías artificiales luego de la experiencia reciente del Pacto por México. ¿Para qué andarle buscando tres pies al gato si el Pacto probó que cuando el gobierno y su partido no tienen mayoría absoluta en el Congreso pueden y deben construirla con las artes de la política, es decir, hablando, negociando, pactando Pero no.

El Presidente del CEN del PRI, César Camacho, informó que buscarán que en una consulta popular los ciudadanos decidan si se suprimen 100 diputados y los 32 senadores plurinominales. "Ello favorecería escribió la formación de mayorías" (El Universal, 260814).

Quizá sea necesario repetir por qué resultan necesarios y cuál es la función de los plurinominales. En el caso de la Cámara de Diputados están diseñados para atemperar la distorsión en la representación que arroja de manera natural la fórmula uninominal. Si en el año 2012 solamente hubiesen existido 300 distritos, el PRI con el 31.93 por ciento de los votos hubiese alcanzado el 54.66 por ciento de los escaños (164 de 300), una desproporción de más de 22 puntos porcentuales. Y no resulta difícil explicar por qué. La fórmula de dividir al país en distritos y en cada uno elegir un representante es clara y pedagógica, además de tradicional entre nosotros. Pero tiene un defecto: en cada distrito solo se elige un diputado y debe ser, por supuesto, para la mayoría. Lo que sucede es que el efecto acumulado de esa fórmula tiende a sobrerrepresentar a la mayoría (acaba con un porcentaje de diputados mucho mayor que su porcentaje de votos) y a subrepresentar a las minorías. Los plurinominales, entonces, sirven para que la distorsión entre votos y escaños no acabe desfigurando uno de los pilares de la democracia: la representación más o menos equitativa de las distintas fuerzas políticas en los cuerpos legislativos. (Por cierto, la elección en listas es predominante en Europa y América Latina; no es una excentricidad mexicana).

La iniciativa del tricolor se monta y alimenta una retahíla de prejuicios antipolíticos, no obstante, en los escenarios más probables, no logrará su objetivo porque solo reducir el número de diputados plurinominales sin remover la cláusula que establece que entre votos y escaños no debe existir una diferencia mayor del 8 por ciento, nos dejará en una situación similar. En 2012, a los 164 uninominales del PRI solamente se les hubieran podido sumar 6 o 7 diputados plurinominales en lugar de los 49 a los que tuvo derecho, precisamente para no violar la norma aludida.

En la Cámara de senadores el efecto corrector de los plurinominales ha sido menor porque se reparten independientemente del número de senadores que cada partido haya obtenido a través de la fórmula que establece que en cada estado 2 serán para la mayoría y 1 para la primera minoría. Así, el PRI en 2012, con el 31.25 por ciento de los votos, obtuvo 43 senadores de los 96 en disputa en las entidades federativas, es decir, el 44.79 por ciento; y una vez que se realizó el reparto de los plurinominales sumó otros 11 (54 en total) que representan 42.18 por ciento del total (128). Los senadores plurinominales sirvieron para inyectarle pluralismo a esa Cámara, pero, en efecto, distorsionaron su principio fundador: que los senadores sean representantes de los estados en un número idéntico. Los 32 senadores plurinominales no representan a ninguna entidad por más que cada uno de ellos haya nacido o viva en algún estado de la República. No fueron electos por los ciudadanos de esa entidad sino por los de toda la nación. Si se quisiera entonces fortalecer la idea original del Senado representación igualitaria de las entidades, sin trastocar la traducción de votos a escaños, bien se podrían elegir solo 4 senadores por entidad, cuyo reparto sería con un criterio de representación proporcional estricta.

La otra razón que de manera cancina se arguye para cercenar a los plurinominales es que con ello se "contribuye a disminuir el gasto público". Por supuesto que 400 en lugar de 500 y 96 en vez de 128 abaratarían el costo del Congreso. Pero el razonamiento parece estrecho. Si de lo que se trata es de ser más austeros, más sobrios, menos despilfarradores, ¿por qué no cortar lo adjetivo en lugar de lo sustantivo, ¿por qué no bajarle al oropel, a los gastos superfluos, a los viajes, comidas y bonos en vez de recortar legisladores.

El instinto autoritario

Por Jesús Ortega Martínez 

En días pasados el PRI anunció la presentación de una solicitud para la realización de una consulta popular. Se trata, según el presidente de ese partido, César Camacho Quiroz, de consultar a la ciudadanía sobre la reducción del número de integrantes en las Cámaras del Congreso de la Unión.

Camacho Quiroz sabe que esa consulta no es posible porque la Constitución Política en su artículo 35, fracción VIII, prohíbe las consultas populares en materia electoral. ¿Por qué entonces, sabiéndolo, hace tal anuncio? ¡Lo hace porque intenta una maniobra leguleya para tratar de impedir que se lleve a cabo la consulta popular que en materia energética el PRD está proponiendo desde hace meses!

Se trata de que, al ser rechazada la propuesta del PRI por ser, obviamente, inconstitucional, de pasada —con esas visiones de los “equilibrios políticos”— la Corte rechace la iniciativa perredista.

Veremos más adelante si nuestro máximo Tribunal cae en la trampa.

Sin embargo, la artimaña de los dirigentes priistas permite develar su intrínseco autoritarismo y del cual,  pareciera —a pesar de los cambios que ha experimentado el país—, no son capaces de desprenderse.

En el fondo su propuesta responde al instinto —tan presente en muchos dirigentes priistas— de reconstruir el viejo presidencialismo absolutista mediante el debilitamiento del mayor de sus contrapesos, es decir, del Congreso de la Unión.

Con la insensatez que propicia el olvido de lo que fue el sistema de partido de Estado, con los “nuevos soldados del PRI” parapetados en el duopolio televisivo y a diario linchando al Congreso con la “gritería” que, desde la ignorancia, exigen que se termine con la pluralidad política; con todo ello los nostálgicos del régimen priista autoritario encuentran un escenario propicio para restablecer los ignominiosos tiempos del presidencialismo omnipotente.

La propuesta de Camacho Quiroz es contradictoria con los discursos del Presidente, en los cuales es frecuente su celebración al diálogo constructivo entre los partidos, en donde no falta el elogio al esfuerzo que dio origen al Pacto por México, el reconocimiento al Congreso de la Unión y tampoco deja de estar presente la alabanza a la nueva pluralidad política que se construyó durante tantos años y en no pocas ocasiones, a contrapelo del priismo. Sin embargo, todo esto aparecería como simulación si en lugar de ser consecuente con sus discursos, Peña Nieto hace causa común con los nostálgicos del viejo régimen autoritario.

La política, el sistema de partidos (en plural), la diversidad política que sustituyó desde hace décadas al régimen priista, es lo que le ha permitido al país estabilidad y mejores condiciones para el desarrollo democrático de nuestra sociedad. Ha pasado tiempo y hoy muchas personas ignoran las calamidades que el “Ogro filantrópico” ocasionó al país y a las y los mexicanos.

Será el olvido o serán los errores (y escándalos) de muchos de los políticos; las insuficiencias de los partidos y sus inconsecuencias, pero como dice Bernard Crick :“La política puede ser confusa, vulgar, carente (en ocasiones ) de resultados definitivos, enmarañada[…] pero lo máximo que podemos saber con seguridad es que la política es inevitable y que es una actividad viva, adaptable, flexible y conciliadora; es la forma de gobierno de las sociedades libres”.

Debilitar al Congreso de la Unión como pretende el PRI, es en el fondo, el inútil intento de debilitar a la política.

¡Debieran saberlo Peña Nieto y César Camacho!

¿O lo saben perfectamente y por eso su propuesta esencialmente antipolítica?

 

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Texto original: http://bit.ly/1tzFZzu

De las incongruencias económicas a las hipocresías morales

Por Jesús Ortega Martínez

Durante los dos sexenios que el PAN ocupó la Presidencia de la República, periodo también conocido como la Docena Perdida, poco hicieron los funcionarios panistas, comenzando por los presidentes de la República, para poner en marcha una política pública específica para el alza al salario mínimo y la recuperación del poder adquisitivo.

A nivel discursivo, en una ocasión el presidente Fox reconoció que el salario mínimo de los trabajadores era raquítico, pero destacó la necesidad de que gobierno y sociedad trabajaran juntos para alcanzar los niveles de desarrollo al que aspiran los mexicanos. “Aquellos gobiernos que ponían todo y el ciudadano no ponía nada quebraron, los endeudaron, tronaron al país y todavía estamos pagando las consecuencias”, dijo Fox, revelando que su idea de que el alza salarial era directamente proporcional al endeudamiento público, por lo que su política salarial fue también un episodio voluntarista.

Durante el sexenio del presidente Calderón no hubo tampoco un esfuerzo por incrementar el salario mínimo que se tradujera en una política pública. Basta recordar las declaraciones del entonces secretario de Hacienda y delfín calderonista, Ernesto Cordero, para entender su concepción al respecto: “El salario mínimo ha incrementado su poder adquisitivo, si quieren de manera muy modesta, pero al menos con un salario mínimo cada vez se pueden comprar más cosas y esto es por el control de la inflación y la estabilidad de los precios”. Con esta visión quedó claro que para el PAN la mejor política de incremento salarial era el dogma de la política de contención inflacionaria.

Sin embargo, la realidad de las cifras oficiales y de análisis académicos contradice el triunfalismo y la supuesta preocupación de los gobiernos panistas por el alza del salario mínimo y la recuperación del poder adquisitivo.

Información de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) señala que, en 12 años de panismo, los salarios mínimos aumentaron un total de 24 pesos, es decir, un promedio de dos pesos por año. En total, en los seis años del gobierno de Vicente Fox los mínimos se incrementaron en términos reales en 10.77 pesos.  A lo largo del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, según cifras oficiales, en términos reales los mínimos aumentaron 13 pesos, que son las cifras más bajas de ajuste salarial desde 1970.

En los sexenios panistas, México fue una de las naciones de América Latina con menor crecimiento directo en el ingreso salarial de sus trabajadores (Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM).  Del año 2000 a 2011, la caída real del poder adquisitivo de los mexicanos fue de 24.4% en la adquisición de productos básicos,  mientras que Brasil tuvo una recuperación de 97.6% en los ingresos de la población asalariada.

Con base en las cifras, su postura histórica de defender los intereses de la cúpula empresarial y adoptar radicalmente los dogmas neoliberales, así como sus acciones (no palabras) cuando fueron gobierno nacional, queda más que claro que para el PAN el alza real del salario mínimo y la consecuente recuperación del poder adquisitivo nunca fueron una prioridad.

Resulta evidente que el súbito interés del PAN por el alza al salario mínimo tiene más que ver con una táctica distractora para desviar la atención de su descomposición reflejada en sus prácticas corruptas (los ***moches*** del presupuesto federal son el mejor ejemplo), su contradicción entre su discurso de preservación de una moral cristiana y promoción de “buenas costumbres” y sus comportamientos, así como también dar la impresión de que están del lado de la sociedad mientras impulsan y apoyan contrarreformas como la energética, que perjudican a ésta. 

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Texto original:  http://bit.ly/1lfex97

Los dogmáticos del gobierno

Por Jesús Ortega Martínez

En nuestra Constitución Política nunca se habla de que el Ejecutivo federal deba legitimar mediante una “promulgación” los actos del Poder Legislativo. La Constitución no le da esa facultad al Presidente para que éstos tengan validez. Para esto último, bastaría que fuesen publicados en el Diario Oficial de la Federación o, en caso contrario, debiera utilizar su capacidad de veto. 

Pero al margen de este procedimiento de reafirmación del presidencialismo, el hecho tangible es que se culmina un proceso de reformas constitucionales y legales que, en materia energética, lesionan no sólo la soberanía de la nación sobre nuestros recursos naturales sino que, además, afectarán gravemente la economía del país y, desde luego, impactarán negativamente en la vida diaria del conjunto de las y los mexicanos.

Esta opinión no se sustenta en planteamientos ideologizados que pretenden darle continuidad al anacrónico precepto de que el Estado debe ser el único ente que pueda involucrarse o decidir sobre la economía o sobre el conjunto de la vida de las sociedades. El estatismo, que durante muchos años fue contenido programático (y dogmático) de la izquierda,  ha sido superado por la realidad y a principios del siglo XXI no hay izquierda en ningún país del mundo que lo siga compartiendo.

En China, por ejemplo, el gobierno es conducido casi de manera absoluta por el Partido Comunista y éste, como en ninguna otra nación, ha impulsado el desarrollo capitalista y la economía de mercado, involucrando de manera decisiva —no  podría ser de otra manera— a los particulares nacionales y extranjeros. 

“No importa —decía Deng Xiaoping— de qué color sea el gato, lo que importa es que sepa cazar ratones”. Esta visión pragmática de los dirigentes del PCCH no es necesariamente lesiva, entre otras cosas porque han dejado atrás aquellas visiones  ideologizadas y totalitarias sobre el papel del Estado en la economía.

En el otro lado, el presidente de Estados Unidos —el país liberal por antonomasia— está proponiendo que desde una decisión del gobierno se pueda materializar un aumento generalizado a los salarios de los trabajadores en ese país. Obama considera que esta medida del gobierno —igualmente pragmática— es indispensable para reactivar su deteriorada economía.

El problema con los gobernantes en México es que, siendo “más papistas que el Papa”, insisten en darle continuidad a lo que en otros países ha sido superado, es decir, la llamada  “revolución neoliberal” que comenzó en los años 80 del siglo pasado y que desde hace décadas —igual que con el estatismo— ha evidenciado su inviabilidad económica y su fracaso político.

Son ellos, por lo tanto —no la izquierda— los dogmáticos, y bajo esa condición tratan el asunto de la Reforma Energética como un asunto de ideología. Se trata, entonces, desde la perspectiva de la “doctrina neoliberal”, debilitar al Estado,  reducirlo, minimizarlo en el sector de la economía más importante y estratégico para el país.

Pero ¿por qué aplicar esta visión a rajatabla en el sector energético y no en otras actividades?

Considero que esto es así porque, tomando en cuenta el PIB, la parte importante de la economía nacional continúa “petrolizada” y, por lo tanto, la privatización o el mayor debilitamiento de las empresas del Estado involucradas en el sector energético son para los dogmáticos del gobierno mexicano, parte obligada en la aplicación del liberalismo extremista.

Con objetividad, desde posiciones de una izquierda contemporánea, nadie pensaría en que no debieran participar, en ninguna circunstancia, los particulares en la industria energética; en realidad ya lo están haciendo y de manera importante. A lo que nos oponemos es a que los particulares nacionales o extranjeros controlen —en lugar del Estado— esta actividad estratégica para el país y eso fue precisamente lo que el gobierno está logrando con las reformas en materia energética.

El PRI y el PAN tienen mayoría en las Cámaras del Congreso, pero según la Constitución, la opinión de esta mayoría legislativa debiera ser ratificada o rectificada por la ciudadanía en una consulta popular. Así debe ser porque, según el artículo 35 de nuestra Carta Magna, el asunto de la energía para el país es obviamente un tema de trascendencia nacional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debiera reafirmar este derecho político fundamental de las y los ciudadanos.

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 Texto original: http://bit.ly/1oGLxl5

¡Es la política!

Por Jesús Ortega Martínez 

“¡Es la economía, estúpido!” Con esta célebre frase, Bill Clinton refutó contundentemente la gestión en la Casa Blanca de George Bush padre y la evidenció como claramente ineficaz para atender y resolver los grandes problemas por los que pasaba en 1992 (y sigue pasando en 2014) el poderoso país del norte. La frase llamaba la atención para que en lugar de una administración para la guerra, el gobierno volteara la vista hacia la solución de los problemas cotidianos de los estadunidenses, tales como el desempleo, la creciente pobreza, inseguridad, violencia, etcétera. La expresión de Clinton parecía contundente y certera, pero apenas pasaron algunos años para que el mundo se diera cuenta de que no era así. En 2008 se presentó la gran crisis económica tan sólo equiparable a la de los años 30 del siglo pasado.

¡La solución no era sólo la economía; era y sigue siendo, principalmente, la política!

La polémica sobre este asunto con toda seguridad continuará, pero para el caso de México me parece que la frase de Clinton tendríamos que adecuarla, para decir que el problema central del actual gobierno en México es la política.

Estoy cierto de que durante más de 35 años los respectivos gobiernos del PRI y del PAN han aplicado un modelo económico que ha devenido en un tremendo fracaso. Los datos y los números son inobjetables y deberían ser suficientes para que, con sentido común y con un elemental pragmatismo, el gobierno actual debería modificarlo. Sin embargo no sucede así, en razón principalmente, de que en los personajes que toman las decisiones fundamentales —en especial Peña Nieto y su secretario de Hacienda— prevalece la visión dogmática de intentar gobernar con la economía en lugar de con la política.

Nunca antes, en las últimas cuatro décadas, un gobierno había contado con tan extraordinarias herramientas de carácter económico —la mayoría surgidas del Pacto por México— para lograr superar el estancamiento de la economía, el desempleo, aumentar el ingreso de los trabajadores y, con ello, atenuar y disminuir la enorme desigualdad social. Y, sin embargo, ni la Reforma Hacendaria, la Financiera, de Competencia Económica, de Telecomunicaciones, y la Educativa, han sido aprovechadas adecuadamente y esto sucede porque los actuales gobernantes ni son tan eficaces en la economía y tampoco lo son en la política.

Los actuales gobernantes del PRI actúan como si administraran una tienda departamental y no un país; no actúan como los principales responsables en el gobierno para concebir y aplicar las medidas y las acciones políticas que hagan de la economía una herramienta para alcanzar o avanzar hacia una sociedad en donde la igualdad de derechos y oportunidades sean una realidad.

Ante un gobierno de corte liberal como el de Peña Nieto, no es adecuado citar a Marx o incluso ni siquiera a Keynes. Cito a otro liberal, a John Rawls, que dice: “De la necesidad de los gobiernos de adoptar las medidas de carácter político para igualar a todos los individuos ante la Ley —igualdad de derechos y oportunidades— […] y adoptar un esquema de organización social cuya justicia dependa esencialmente de la manera en cómo se asignen, por un lado, los derechos y deberes fundamentales y, por el otro, las oportunidades económicas y las condiciones sociales entre los diversos sectores de la sociedad”.

Las respuestas que el país demanda no vinieron antes y no vendrán ahora desde una tecnocracia dogmática que ve a la economía como un fin en sí misma. En sentido diferente, las respuestas que demanda la sociedad mexicana podrían venir desde gobernantes que hacen política teniendo como objetivo principal hacer tangible el derecho humano y constitucional de todas las personas al bienestar y a una vida de dignidad.

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