Por Jesús Ortega Martínez
Tenemos un problema enorme de seguridad pública y en el reconocimiento de esto no se puede perder de vista que está sucediendo permanente en nuestro país.
Cuando los hechos criminales en Iguala se quieren situar (por consideraciones políticas o electorales) como un evento aislado de otros que suceden a diario en el país, entonces se comete un grave error que tarde que temprano repercutirá en otros hechos violentos en cualquier otra región. Los asesinatos y desapariciones forzadas en Iguala han generado horror, indignación, rabia (todo plenamente justificable), pero, lamentablemente, este hecho es parte de la violencia cotidiana que se encuentra presente en gran parte de la República.
Cuando el Estado no tiene la capacidad de garantizar los derechos humanos fundamentales como el de la seguridad de las personas en su vida y patrimonio, cuando no puede lograr que sea la ley la que principalmente norme las relaciones en la sociedad, cuando la violencia ilegítima de la delincuencia organizada supera (o pone a su servicio) a la fuerza legítima del Estado, entonces, sin eufemismos, lo que existe es un grave problema de seguridad de la nación.
Tenemos un problema enorme de seguridad pública y en el reconocimiento de esto no se puede perder de vista que está sucediendo permanente en nuestro país. Hay ingobernabilidad, hay vulnerabilidad de la fuerza del Estado mexicano y, de plano, hay ausencia de un Estado de derecho.
Pero más aún, si ponemos atención a los objetivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y que son los de generar inteligencia estratégica, táctica y operativa que permita preservar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, dar sustento a la gobernabilidad y fortalecer al Estado de derecho, entonces, desde la propia concepción oficial de lo que es la seguridad nacional, ésta se encuentra en severo riesgo.
Ante esta realidad se pueden adoptar diversos comportamientos, uno de estos es el de reconocer el riesgo en que se encuentra la nación; de señalar, incluso, su gravedad, pero sin aportar nada para remediarla. Estos son los del “acuso, luego existo”.
Otro comportamiento es negar el peligro en que se encuentra la seguridad nacional, soslayarlo, bajo la idea de que lo de Iguala “pasará” como antes “pasó” lo de San Fernando, lo de Morelia o lo de Ciudad Juárez. Los miles de desaparecidos durante éste y los anteriores sexenios. Éstos son los del “Si yo no lo veo, es que no existe”.
Y luego existen los que saben perfectamente que la seguridad nacional se encuentra en riesgo, pero lo que quieren es agravarla, agudizarla, profundizarla, pues parten de la idea de que la inseguridad pública y la inseguridad de la nación “crean condiciones revolucionarias, insurreccionales” para tomar el poder. Éstos son los de “cuanto peor, mejor”, o dicho de otra manera: “Destruyo, luego existo”.
Contra estos comportamientos debe actuar la izquierda democrática perredista y debemos hacerlo ya, asumiendo —no autoflagelándonos— la parte de responsabilidad política que tenemos en el caso de Iguala y la que debemos enfrentar —como fuerza política— en el asunto de la crisis del Estado y del riesgo de la seguridad nacional.
La manera posible de resolver estos grandes problemas del país es impulsando un acuerdo nacional (Estado y sociedad) para atacar a fondo las cinco causas principales de esta problemática, es decir: la metástasis de la corrupción, la opacidad en el conjunto de las acciones de la administración pública, la inoperancia del sistema de procuración e impartición de justicia, la degradación (pudrición) de la fuerza legítima del Estado y la estrategia prohibicionista (impuesta por el gobierno estadunidense) en el asunto del narcotráfico.
