En el antiguo régimen de partido de Estado el control político sobre la sociedad era casi absoluto. El corporativismo era el recurso vertebral del régimen para mantener bajo sujeción al conjunto de la sociedad mexicana. El fortalecimiento del Estado suponía, de manera implícita, la existencia de un partido (el PNR, el PRM o el PRI) que controlara a los trabajadores, a los empresarios, al conjunto de los ciudadanos y desde luego a los medios de comunicación.
Por Jésus Ortega Martínez
El régimen, igual que creaba centrales obreras y las ponía bajo su control, alentaba y controlaba periódicos o televisoras. Por ello, nada de raro tenía que Emilio Azcárraga Milmo declarara: “Somos soldados del PRI y del Presidente” o mencionara que “México es un país de clase modesta muy jodida”. La CTM, el SNTE, la CNC, diversos diarios o Telesistema Mexicano (hoy Televisa) cumplían, con métodos diferentes, la misma función para el régimen autoritario: ¡contribuir al control político sobre los ciudadanos!
Por ello es que las reformas constitucionales inscritas en el Pacto por México tienen, desde luego, un contenido económico (por ejemplo, terminar con los monopolios y con ello alentar el crecimiento de la economía), pero también tienen un claro contenido democratizador en el ámbito de la política, esto es: democratizar el régimen político a partir de terminar con aquellos poderes fácticos que desde algunos medios de comunicación —aliados con algunos personajes y con ciertos grupos del actual gobierno— buscan restablecer el viejo sistema priista autoritario, para, con ello, mantener sus añejos e indebidos privilegios.
Precisamente de eso se trató la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, es decir: terminar con los monopolios económicos ahora existentes y con su enorme poder político que al paso de los años se sobrepuso al propio poder del Estado. De subordinados al PRI, lograron —los monopolios en telecomunicaciones— subordinar al Estado mexicano a sus intereses.
Entonces, es cierto que a los monopolios económicos en telecomunicaciones y en radiodifusión “les hace ruido” la reforma constitucional en la materia. Les hace ruido que el PRD —a partir de su participación en el Pacto por México— haya puesto énfasis en la necesidad de darle facultades al IFT para terminar con las dominancias monopólicas en el sector; les hace ruido que ya no sea el Presidente de la República el que otorgue las concesiones; les hace ruido que el IFT licite dos nuevas cadenas nacionales de televisión y que se constituya una cadena nacional del Estado; les hace ruido, en fin, que en la Carta Magna se hayan establecido las nuevas normas que ponen límites a su dominio sobre el sector y a su capacidad de chantaje sobre los poderes constitucionales del Estado.
Sin embargo, el ruido que han provocado las reformas constitucionales entre los grupos oligárquicos que dominan la economía del país a través de los monopolios ha provocado su reacción y, desde ya, se encuentran ejerciendo una enorme presión sobre los legisladores y sobre el propio gobierno para que desde las leyes reglamentarias se desvirtúe o incluso se anule lo alcanzado en la reforma constitucional.
Es así que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal sobre la Ley Reglamentaria del 28 constitucional en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene apartados que, de aprobarse, mantendrían al sector dominado por los monopolios y con tales ventajas para éstos que impedirían la presencia de otros actores para la necesaria competencia en esta importante industria.
En el proceso legislativo en marcha en el Senado se habrá de definir si de nueva cuenta se imponen los poderes fácticos sobre el Estado o éste recupera sus capacidades para hacer prevalecer el interés público sobre cualquier interés particular.
Twitter: @jesusortegam
Texto Original: http://www.excelsior.com.mx/opinion/jesus-ortega-martinez/2014/04/08/952899
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